30 enero 2020 | Publicado : 14:01 (30/01/2020) | Actualizado: 16:22 (30/01/2020)
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El pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado una propuesta encaminada a reformar el régimen de concensión de licencias a casas de apuestas, con el objetivo de limitar el número de establecimientos en la ciudad como medida para luchar contra la ludopatía.
La iniciativa, que ha presentado Unidas por Mérida, ha salido adelante este jueves gracias a los votos de todos los partidos representados en el consistorio emeritense, salvo el de Ciudadanos, que se ha abstenido en defensa de la libertad de empresa y por considerar que esta materia excede de las competencias municipales.
La concejala de Unidas por Mérida, Montserrat Girón, ha asegurado que el objetivo de esta modificación es proteger a los usuarios "más vulnerables" de este tipo de establecimientos, principalmente "la juventud" por el "evidente influjo que este actividad tiene en el aumento cuantificado de adicciones al juego", y que van "más allá de una mala costumbre o un vicio".
Al respecto, y "ante el aumento desaforado de estos negocios" desde el año 2014, Girón ha aseverado que hay más de 1.400 personas diagnosticadas de ludopatía inscritas en el registro que impide su acceso a locales de juego.
"No debemos permitir que siga aumentando esta lacra", ha apuntado, al tiempo que ha pedido que se actúe de forma "contundente", motivo por el que solicita al ayuntamiento que "ejerza su papel de protección de los ciudadanos", y para ello, ha reclamado herramientas "de control" que permitan atajar la instalación de estos locales.
Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal, Carmen Yáñez ha destacado la importancia de prevenir este tipo de adicciones, aunque ha asegurado que las restricciones a la instalación de casas de apuestas "no competen a la administración local", aunque ha reconocido que se pueden estudiar medidas para "aminorar las consecuencias" de este tipo de actividades.
En este sentido, ha apuntado que se podría haber "avanzado mucho" si en 2015 se hubiera modificado el Plan General de Ordenación Urbana para establecer zonas saturadas, una propuesta que no pudo sacar adelante el Ejecutivo municipal debido a que no contaba con mayoría suficiente.
En esta línea, ha aseverado que es "muy importante" que la administración local realice campañas o actividades complementarias para que los jóvenes puedan tengan alternativas de ocio "que no sean las del juego", si bien ha recordado que el acceso a estos establecimientos está prohibido para menores de 18 años.
La portavoz del PP, Pilar Nogales, ha asegurado por su parte que comparte esta "preocupación", por lo que no pondrá "trabas" para "regular de una forma más restrictiva las licencias y contribuir a la protección de esos ciudadanos".
Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, se ha sumado a la "preocupación" por la adicción al juego, ya que la proliferación de este tipo de locales en Mérida es "evidente", aunque ha lamentado que el consistorio emeritense "no tiene competencias" respecto a esta cuestión.
El portavoz de Ciudadanos, Andrés Humánez ha reconocido que este tipo de negocios hacen proliferar "ciertos trastornos psicológicos", si bien ha defendido la "libertad de empresa", al tiempo que subrayado que en el ámbito municipal se puede "debatir muy poco" al respecto, puesto que dependen de otras entidades.
PLANTA FOTOVOLTAICA
Otro de los asuntos abordados en el pleno municipal ha sido la instalación de una planta fotovoltaica en el término municipal de Mérida, cerca de Arroyo de San Serván, que necesita una modificación puntual de un suelo no urbanizable.
Al respecto, la portavoz municipal ha señalado que "todos los informes preceptivos son favorables", y que el objetivo es "redelimitar" una zona en la que no "efectos adversos" para el medio ambiente, según reflejan los informes técnicos y jurídicos de la Junta y del propio consistorio.
Yáñez ha insistido en que es un trámite "meramente técnico", ya que la decisión final corre a cargo de la Junta, al tiempo que ha destacado la importancia de este proyecto para la ciudad por la "generación de riqueza y de empleo".
Al respecto, todos los grupos de la oposición han mostrado su conformidad con el trámite, y se ha aprobado con 22 votos a favor por parte de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Mérida y con la abstención de Vox.
APARTAMENTO TURÍSTICO
También ha sido tratado en el pleno de este jueves una declaración de lesividad por la licencia de apertura y funcionamiento de un piso turístico situado en la calle Los Maestros, que ha sido aprobado con 16 votos a favor de PSOE y Ciudadanos y ocho en contra de Unidas por Mérida, Vox y PP.
Ante esto, Carmen Yáñez ha informado que en el año 2016 y debido a un "error" en los informes técnicos se procedió a otorgar una licencia de apartamento turístico "sin reunir los requisitos necesarios", por lo que el consistorio emeritense ha realizado una "tramitación de oficio a la comisión jurídica para derogar la licencia".
Por parte del Grupo Popular, Pilar Nogales ha asegurado que "no entiende" el motivo de la demora "injustificada" en este asunto, ya que durante este tiempo "se ha estado manteniendo esa actividad irregular y se han seguido produciendo molestias a los vecinos".
Montserrat Girón, de Unidas por Mérida, ha añadido que "es un tema complejo para estudiar", aunque ha lamentado que los trámites se hayan demorado tanto, ya que esta cuestión "lleva casi cuatro años", por lo que también podría haber más apartamentos afectados, lo que ha hecho que Girón haya pedido que se revisen de oficio otros expedientes.
En este sentido, el concejal de Ciudadanos ha aseverado que el ayuntamiento debe priorizar estos asuntos, sobre todo cuando se ha concedido una licencia de apertura "sin reunir los requisitos" y sin autorización expresa de la comunidad de vecinos, algo que es "preceptivo".
Ante estas intervenciones, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha aclarado que esta demora se ha producido al intentar el ayuntamiento de que fuera la propia comunidad de vecinos la que interpusiera la queja, así como que el empresario actuara "de buena fe" respecto al tema.
En este caso, Osuna ha afirmado que la persona que compra un piso para este uso y "sabe que no se puede", lo que está haciendo es "defraudar" a la administración, por lo que ha asegurado que en este caso el empresario ha buscado "sortear la ley".
