26 septiembre 2024
Ep.
El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de pronunciamiento del Grupo Parlamentario Socialista que insta a las Cortes Generales a promover cuantas reformas legales sean necesarias para fijar un modelo, "bien financiado y estable", para el reparto de menores migrantes no acompañados y a promover la erradicación de los discursos racistas, xenófobos y de odio en la sociedad.
La iniciativa ha sido defendida este jueves en el pleno de la Asamblea por la diputada socialista Teresa Nuria García Ramos y ha contado con el voto a favor de Unidas por Extremadura, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.
En su intervención, García Ramos ha expuesto que es indiscutible la aportación de la población extranjera residente en España y Extremadura, tanto en términos demográficos como económicos, además de añadir que la mayoría del fenómeno migratorio está regulado y tiene un impacto beneficioso en el tejido productivo y en la sociedad.
Así, ha dicho que para el Partido Socialista la migración es un "tema de Estado" y cuando ha gobernado esta formación ha llevado a cabo políticas migratorias de "gran nivel desde un punto de vista humanitario".
Frente a eso, la diputada socialista ha afeado que en las últimas semanas se ha asistido a un "nefasto espectáculo mediático" sobre el número de menores a repartir en un país que, con 48 millones de habitantes, es el quinto más rico de la eurozona y que "demostró su madurez" cuando llegaron los menores ucranianos.
"No hay excusas ni económicas, ni competenciales, ni de diálogo, ni cuestión de negociación, los recursos están ahí. Hay una reforma de la ley de extranjería que apremia y, sobre todo, hay personas que hay que demostrar que España es un país que está a la altura", ha señalado.
De esta forma, la diputada socialista ha planteado que cuando un problema es coyuntural se resuelve pero cuando el problema es estructural, como este, se debe gestionar, y eso es lo que "está haciendo el Gobierno de España", planteando una "solución solidaria" que, "una vez más, ha bloqueado el Partido Popular".
"Esa es la diferencia entre uno y otro. El rechazo a la modificación de la ley de extranjería por parte de la derecha no fue por cuestiones económicas, sino por puro racismo", ha dicho, además de añadir que su partido no se va a resignar nunca a que el Mediterráneo y el Atlántico sean un "cementerio".
OPINIÓN DE LOS GRUPOS
Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Isabel María García López, que ha presentado una enmienda de sustitución rechazada por el PSOE, ha indicado que el PSOE se "equivoca" al instar a las Cortes Generales cuando la inmigración es competencia estatal, por lo que es "a su partido, que es quien gobierna a nivel nacional, a quien deben pedírselo", ha recalcado.
También ha considerado que se quedan los socialistas "bastante cortos" en lo recogido en sus peticiones, razón por la que el PP ha presentado una enmienda de sustitución a la propuesta de pronunciamiento defendida por el PSOE. De este modo, los 'populares' han recalcado que la política migratoria requiere una "seriedad" y han demandado al Gobierno central que "se deje de pactos con los independentistas, se deje de crear desigualdades entre todos los españoles y se centre en tomar medidas serias y necesarias que regulen este flujo de migración".
En el turno de Vox, el diputado Óscar Fernández Calle ha criticado que el modelo socialista es "financiar con el dinero de los españoles la inmigración ilegal, como si aquí nos sobrase el dinero", momento en el que ha afeado que pidan un modelo estable de financiación para el reparto de los menores migrantes.
"Ustedes no quieren solucionar el problema, ustedes quieren repartirlo, que es diferente, repartir el problema y alimentarlo, por supuesto", ha aseverado.
Fernández Calle ha expuesto que el Gobierno ha gastado "3.000 millones de euros en el último año en mantener 53.000 ilegales aquí en España. 3.000 millones de euros entre 53.000 ilegales eso sale 56.000 euros por cada uno de ellos. A ver quién gana en Extremadura y a ver el Estado en quién invierte 56.000 euros al año, que es lo que se ha gastado en cada una de esas personas ilegales el Gobierno", ha señalado.
"Como siempre les digo, si son tan solidarios, llévenselos a sus casas, a sus casas. Y si no quieren llevárselos a sus casas, que pongan un centro de menas en su barrio o al lado del colegio de sus hijos", ha expuesto el diputado de Vox.
Así, Fernández Calle ha vuelto a insistir en que, para su grupo, los "los españoles primero, los menas con sus padres y con sus madres, inmigración masiva, deportaciones masivas". "E insisto, nuestra prioridad son los españoles. Para los extranjeros, los ilegales, billete de vuelta y para casa", ha recalcado.
Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha señalado que su grupo apoyará la iniciativa, al tiempo que ha considerado que es una "necesidad" reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería sobre la acogida de menores migrantes.
De la misma manera, la diputada de Unidas por Extremadura ha abogado por trabajar en vías paralelas para resolver "tanto lo urgente como lo importante", momento en el que ha agradecido el trabajo realizado por el Ministerio de Juventud e Infancia en este sentido.
"La protección, además, de los menores es que no solo es un mandato legal, es un imperativo moral. Los niños y niñas que vienen a nuestro país son nuestros niños y niñas, porque, además, son personas que necesitan de esa protección", ha asegurado.
