18 noviembre 2021 | Publicado : 13:11 (18/11/2021) | Actualizado: 16:16 (18/11/2021)
Extremadura cuenta con un nuevo decreto que regula la admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos en Extremadura, “que tiene su trascendencia porque la escolarización es un hecho clave por sus implicaciones sociales y familiares”.
Así lo ha avanzado este jueves el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, en la que ha detallado que este decreto pretende refundir la actual dispersión de disposiciones, incorporar las novedades normativas y mejorar la eficacia, calidad y equidad en los procedimientos de admisión del alumnado en los centros educativos públicos de Extremadura.
Así pues, el responsable también ha destacado la renovación de criterios en la baremación, puesto que "rigen desde hace 15 años y es necesario adaptarlos", aunque ha reconocido que hasta la fecha entre el 95 y el 98 por ciento del alumnado obtiene plaza en el primer destino elegido.
En este sentido, Amaya ha subrayado que el criterio de residencia de los progenitores, tanto si es el domicilio como el trabajo, es el más importante, y se contempla también la singularidad de la escuela rural, según informa la Junta en una nota de prensa.
Con esta medida, por tanto, se unifican los criterios y procedimientos de admisión, y “lo que se busca con el nuevo decreto es un equilibrio entre libertad de elección reconocida en la Constitución y la escolarización en calidad y equidad educativa”, ha añadido.
Para ello, esta normativa regulará la escolarización del alumnado en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato a partir del curso 2022-2023 y en este decreto se incorpora la escolarización del primer ciclo de Educación Infantil, tanto en los casos en los que se produzca en centros públicos que imparten la educación primaria como en las escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Educación y Empleo.
De hecho, la necesidad de profundizar en la equidad y la calidad educativa, en particular del alumnado especialmente vulnerable, la continuidad y la compatibilidad o simultaneidad de estudios, la inclusión de las modificaciones legislativas en materia de educación, de protección a la infancia y a la adolescencia, y de procedimiento administrativo, justifican una síntesis de la normativa referida que mejore, actualice y simplifique los procesos de admisión del alumnado en los centros.
Otro de los aspectos contemplados es la necesidad de incorporar la previsión de la tramitación telemática en las diferentes fases del procedimiento de escolarización, adecuándose a la nueva realidad en la que se sitúa la sociedad actual, lo cual no obsta para para hacerlo en la forma presencial tradicional.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
Los criterios de admisión han sido adaptados para valorar la renta familiar en términos que recogen su valor per cápita, la atención a las personas con discapacidad, las familias numerosas y/o monoparentales, el alumnado nacido de parto múltiple, la situación de acogimiento, la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo, y promover la conciliación de la vida familiar.
Además, se atiende a necesidades de escolarización inmediata derivadas de determinadas situaciones personales o familiares de especial urgencia y carácter poco previsible, y de igual forma, se incluye como novedad la creación de listas de espera y la baremación para todos los centros solicitados, según la puntuación total obtenida por la aplicación de los criterios de admisión establecidos.
Sin embargo, Amaya ha advertido de que no se pretende "una sustitución radical" de la normativa que hasta ahora ha venido regulando la escolarización en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sino que valorando la regulación anterior, y en virtud de los principios de necesidad y eficacia, se pretende en lo sustancial una continuidad con las pertinentes modificaciones que permitan introducir aquellas cuestiones y adaptaciones que se considera pueden suponer una mejora en el proceso de escolarización.
En definitiva, según sus palabras, se trata de asegurar que el acceso al sistema educativo goce de la mayor trasparencia, eficacia y eficiencia posible, conjugando la libertad de elección de centro de las familias, la escolarización de todo el alumnado en condiciones de igualdad y la calidad educativa.
