09 febrero 2021
El Sindicato del Profesorado Extremeño PIDE ha solicitado por registro oficial a la Consejera de Educación de la Junta de Extremadura que proceda a la extinción de todos los conciertos de enseñanzas postobligatorias suscritos con los centros privado-concertados de la región.
Así pues, en total, según señala esta organización sindical en una nota de prensa, en Extremadura hay 63 unidades concertadas en enseñanzas postobligatorias para el curso 2019/2020, que suponen un coste anual de 8,5 millones de euros, cuando a su juicio la Consejería de Educación "no tiene por qué subvencionar enseñanzas postobligatorias".
Y es que, tal y como subraya, las administraciones públicas "tienen la obligación constitucional de crear una red de centros públicos suficiente para poder afrontar la necesidades de escolarización", tras lo que ha defendido que "no se puede concertar ninguna unidad mientras los centros públicos no tengan cubiertas todas sus plazas escolares, de otro modo se estarían malversando fondos públicos".
Ante esta situación, PIDE ha tachado de "sinrazón" que haya centros públicos donde se suprimen unidades por falta de alumnos, mientras "se mantiene el concierto educativo sin recortes en el centro privado-concertado de la misma zona educativa", cuando a su juicio, "lo lógico en estos casos es quitar el concierto del centro privado, que es supletorio, para preservar el centro público y no, al contrario, como está pasando".
Por eso, considera "del todo inaceptable que haya centros públicos "agonizando", mientras que, con el dinero de todos, se financian centros privados, concertando unidades educativas", ante lo cual, PIDE ha considerado "urgente" la supresión de todos los conciertos suscritos de enseñanzas postobligatorias en los centros privado-concertados de Extremadura, ya que "no hay ninguna obligación legal de mantener subvencionadas dichas enseñanzas".
"El dinero público se debe emplear en el servicio público y no en mantener negocios privados que sustituyan un servicio público esencial", por lo que PIDE advierte de que "en caso de persistir dicho gasto injustificado se estarían malversando fondos públicos", concluye.
