01 abril 2025
El sindicato CCOO se ha felicitado por la decisión de la Fiscalía Superior de Extremadura de actuar penalmente contra en los casos de agresión al personal sanitario y docente.
Se trata de una "muy buena noticia" la instrucción a los fiscales de la región para que las agresiones a sanitarios y personal docente sean consideradas delitos de atentado contra los funcionarios públicos y se pidan castigos penales de seis meses a tres años de prisión.
Una medida que "puede ser efectiva" para disuadir los comportamientos "agresivos e incívicos", que se encuentra entre las que CCOO de Extremadura consideraba necesarias para actuar contra este problema creciente y que genera "preocupación y miedo" en ambos sectores.
El pasado mes de enero, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, trasladó esta solicitud del sindicato directamente al Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, en una reunión en la que también participaron el secretario de Salud Laboral de CCOO de Extremadura, Alberto Franco, y el secretario de Salud Laboral de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura, José Luis Domínguez.
Desde CCOO, se argumentaba que el hecho de que la agresión al personal sanitario y docente se castigara únicamente con una sanción económica "no tenía el carácter disuasorio y preventivo suficiente" y, por ello, debía elevarse el castigo con la calificación de delito y penas de prisión.
En el ámbito de la Salud, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura registró un total de 120 agresiones a personal sanitario en la región el pasado año, pero "se sabe que son muchas más las que se sufren diariamente y no se denuncian por miedo o por pensar que esto no tiene ninguna utilidad".
Más allá de impulsar esta medida en el ámbito jurídico, CCOO viene exigiendo al Servicio Extremeño de Salud medidas "reales y contundentes", para prevenir las agresiones al personal profesional del ámbito sanitario.
Y, el sindicato concluye que se trata de un asunto que afecta a todos los centros de salud, hospitales y centros sociosanitarios de la región y cuya realidad solo se conoce "superficialmente", reiterando que "falta seguridad y eso debe atenderse a corto plazo".
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