La Fiscalía de Extremadura tratará como delitos penales las agresiones a sanitarios

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La Fiscalía de Extremadura va a poner en marcha la instrucción 1/25 para tratar como delitos penales las agresiones a los sanitarios que serán consideradas atentado contra los funcionarios públicos. 

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, y los presidentes de los colegios de médicos de Cáceres y de Badajoz, Evelio Robles y Pedro Hidalgo, han realizado el anuncio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Montero ha explicado que, desde el mes de enero de este año se han mantenido, por parte de la Fiscalía de la Comunidad, una serie de reuniones con sindicatos de funcionarios, colegios profesionales, enfermeros y médicos, para tratar el "grave problema que está ocurriendo en España sobre el incremento de agresiones a personal sanitario".

Y es que en España, el año pasado, hubo 847 casos, "un incremento muy importante", ha dicho el fiscal superior porque además, el 43,5% de estas agresiones no se denuncian y "en Extremadura la situación no es mucho mejor". En la región se han registrado 38 agresiones a médicos en el año 2024, con un incremento respecto al año 2023 de un 40,74 %, y "lo que nos preocupa a los aquí presentes es que la ratio de agresiones es muy superior a la de España".

Si en España es de 2,71 por cada 100.000 médicos, en Extremadura esta cifra se eleva al 5,80, lo que es más del doble. El entorno suele ser atención primaria, un 79 %, y un 52,63%, algo más de la mitad de los sujetos pasivos son mujeres.

"Una de las preocupaciones que manifestaron los colegios profesionales y los sindicatos es que muchas de estas agresiones quedan prácticamente impunes", ha explicado Montero, que ha indicado que "la falta de denuncia viene condicionada por una creencia de que la respuesta penal va a ser inadecuada o va a ser leve y que, por lo tanto, no va a tener ese efecto preventivo o incluso de castigo respecto de los agresores".

DETERMINAR PAUTAS DE ACTUACIÓN

Ante esta situación se convino la necesidad de hacer una instrucción, la 1/25 de la Fiscalía de la Comunidad de Extremadura, en la cual aclarará conceptos y determinará pautas de actuación a los fiscales. Lo que se pretende es que estas conductas no se castiguen con penas leves y "que se cumpla estrictamente la ley".

"Es decir, los médicos, personal sanitario, que tienen la calificación en el Código Penal de funcionarios públicos, "cualquier agresión, acometimiento, intimidación grave, constituye un delito de atentado del artículo 550 del Código Penal y que lleva aparejada, por tanto, una pena de prisión de seis meses a tres años. Esa es la finalidad de esta instrucción", ha incidido el fiscal superior.

También se pretende que "se haga un seguimiento de estas causas, que se dé el procedimiento legal adecuado, que se imponga el castigo adecuado mediante el ejercicio de la acción penal correspondiente, que se reconozca al personal sanitario los derechos que tienen con arreglo a la ley de víctimas y que se notifiquen sentencias".

El objetivo es que, mediante esta instrucción y el efecto preventivo que tiene el Código Penal, "estas conductas disminuyan, que la sociedad sepa que se va a luchar contra ellas, que se va a procurar por todos los medios dar un castigo adecuado". "En suma, es simplemente cumplir la ley", ha concluido el fiscal superior.

Desde los dos Colegios de Médicos extremeños insisten en que esta instrucción de la Fiscalía "supone un antes y un después en la protección a los sanitarios".

"Cuando empezaron las primeras agresiones creíamos que eran hechos aislados, hasta que hemos tenido que crear un Observatorio. Hasta ahora no se han dado soluciones y por eso agradecemos a la Fiscalía esta instrucción que le dice a la sociedad que no estamos hablando de pequeñas faltas leves, sino de delitos", ha incidido Pedro Hidalgo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz.

En la provincia de Badajoz se han registrado el año pasado 30 agresiones a médicos y en la de Cáceres un total de 8, un dato que Hidalgo considera erróneo porque muchas de las que se producen en el mundo rural no se denuncian ya que muchos profesionales no denuncian "porque están solos y mañana tienen que volver a ver al agresor y tienen miedo", por eso le han pedido a la Fiscalía que estas agresiones "no se vayan de rositas", y que "sean ejemplarizantes".

También han pedido a la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura, que es la que representa a todos los médicos públicos, privados, concertados, que "estén al lado de sus trabajadores", porque es una función dentro de la protección y de riesgos laborales.