Extremadura y otras 14 regiones piden mayor flexibilidad en gestión de fondos europeos

La Junta de Extremadura y otras 14 comunidades autónomas han trasladado al ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la necesidad de contar con mayor margen de maniobra en la gestión de los fondos europeos, con el fin de destinarlos a proyectos que aporten un mayor beneficio a los ciudadanos y mejorar su ejecución.

En la Conferencia Sectorial, las comunidades han reiterado que algunas líneas de financiación, como las destinadas a conectividad, fueron diseñadas sin contar con las comunidades autónomas ni atender suficientemente a las necesidades específicas de cada territorio.

Como consecuencia, se han impulsado iniciativas sin demanda real, como el bono social digital y las ayudas para el cableado de edificios y la instalación de comunicaciones en comunidades de vecinos, que han tenido un impacto nulo en muchas regiones.

Ante esta situación, las comunidades han solicitado flexibilidad para optimizar la ejecución integral de los fondos sin corsés innecesarios y han reclamado la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026.

Uno de los ejemplos expuestos ha sido la gestión de las subvenciones para el bono social digital y el cableado de edificios, donde las CCAA llevan más de dos años pidiendo ajustes en las bases y ampliación de plazos para garantizar una mejor acogida por parte del mercado.

Las comunidades han señalado que la falta de diálogo por parte del Ministerio en el pasado ha llevado a la implementación de medidas que no siempre responden a las necesidades reales de los territorios.

En este sentido, han subrayado la importancia de destinar los fondos a iniciativas como la modernización de la administración pública, el refuerzo de la ciberseguridad y el impulso de servicios digitales más eficientes y accesibles para los ciudadanos. En el caso de Extremadura, algunas líneas de subvención han tenido un impacto limitado.

Además, ha matizado que hubiera sido interesante poder aplicar estos recursos a proyectos que realmente contribuyan a la transformación digital de la región, como el desarrollo de infraestructuras digitales estratégicas, la digitalización de los servicios públicos o el fortalecimiento de la identidad digital ciudadana con herramientas seguras.

Para el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, presente en la Sectorial, "estos recursos podrían haber acelerado el cambio que hemos iniciado en la digitalización de los servicios públicos, automatizar procesos burocráticos y mejorar la atención ciudadana mediante soluciones tecnológicas avanzadas".

Otro punto relevante en la reunión ha sido la discusión sobre la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Las 15 CCAA gobernadas por el PP reprocharon al ministro Óscar López que la contribución de España a la inteligencia artificial se limite únicamente a un régimen sancionador.

"En lugar de centrarse únicamente en sancionar, los gobiernos deberían crear un entorno que promueva el desarrollo positivo de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, colaborando estrechamente con diversas entidades, incluidas las autonomías, para maximizar los beneficios para la sociedad", tal y como ha defendido el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde.

En este sentido, Juan Carlos Preciado ha trasladado directamente al ministro la preocupación de que la estrategia del Gobierno en esta materia no debe limitarse exclusivamente a un enfoque sancionador, sino que es imprescindible crear un entorno que incentive su desarrollo y aplicación en beneficio de la sociedad.

Según Preciado, "es fundamental que la regulación no desincentive la aplicación de la inteligencia artificial cuando lo que realmente se necesita es impulsar la concienciación sobre su buen uso y su potencial para transformar el tejido productivo y la competitividad empresarial".

Las comunidades también han planteado la necesidad de redefinir los criterios de impacto del Plan Nacional de Competencias Digitales, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el alcance real de la formación impartida y su contribución al desarrollo de competencias digitales en la ciudadanía. 

A este respecto, han propuesto que el modelo de evaluación contemple no solo la participación de los ciudadanos en los programas, sino también la profundidad y continuidad de su formación.

Y, aunque se ha reconocido el tono constructivo de la reunión por parte de las comunidades autónomas y el Ministerio, desde la Junta de Extremadura se ha insistido en la necesidad de mejorar la planificación estratégica y la interlocución con las comunidades autónomas en el diseño de estos fondos, asegurando así que su aplicación tenga el mayor impacto posible, especialmente en ámbitos con un alto potencial de transformación territorial como la digitalización.

Preciado ha subrayado que "necesitamos ser precisos en el diseño de los fondos para que su aplicación tenga el mayor impacto, sobre todo en materias tan transformadoras de un territorio como la digitalización".

Durante el Pleno de la Conferencia Sectorial, se ha puesto en valor la importancia de una mayor cogobernanza en la gestión de estos fondos para aprovechar al máximo esta oportunidad de modernización y digitalización.