PP y Vox tumban en la Asamblea una propuesta del PSOE contra el racismo

Ep.

Los grupos del PP y Vox han rechazado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso del Grupo Parlamentario Socialista contra el racismo y la xenofobia y de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular que está en tramitación y que permitiría la regularización social y laboral de 500.000 personas.

La iniciativa sustanciada este jueves en el pleno de la cámara legislativa extremeña, que ha contado con los votos a favor del PSOE y de Unidas por Extremadura, pedía a la Junta también avanzar en la erradicación de los discursos de odio y a hacer un llamamiento a los poderes públicos para condenar cualquier manifestación que atente contra los derechos humanos de las personas migrantes.

La diputada del PSOE Teresa Nuria García Ramos ha sido la encargada de defender la propuesta de impulso en la que ha recordado que el pasado mes de abril llegó al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de medio millón de migrantes.

Esta iniciativa, como ha expuesto, venía avalada por más de 900 organizaciones sociales y cerca de 700.000 firmas y buscaba regularizar a unas personas que son "ciudadanos de derecho" y personas que ya viven en el país.

De este modo, la socialista ha incidido en que la situación irregular de estas personas favorece la vulneración de derechos y propicia sobreexplotación laboral o exclusión de servicios públicos básicos, como la educación o la sanidad, además de la trata con fines de explotación laboral y también con fines de explotación sexual o la violencia de género.

García Ramos también ha recalcado que España ha vivido nueve regularizaciones y que, por lo tanto, "no es una medida nueva", además de instar, con su propuesta, a la Junta a que luche contra los discursos de odio y bulos hacia las personas migrantes o refugiadas, ya que el odio "no es inocente". "Ante el auge de los discursos de odio no basta con no ser racista, se debe ser antirracista", ha asegurado.

A la iniciativa del PSOE, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de modificación defendida por la diputada Isabel María García López y que los socialistas han rechazado.

En su intervención, García López ha asegurado que el PSOE debería haber traído esta iniciativa como propuesta de pronunciamiento, ya que es el Gobierno de España quien tiene competencias en la materia y que, trayéndola a la cámara así, están "engañando a los ciudadanos".

Así, ha recalcado que su partido está "comprometido" en este sentido y ha recordado que votó en el Congreso a favor de la tramitación de esta iniciativa que, en estos momentos, se encuentra en periodo de enmiendas.

Por ello, ha considerado que es el "momento justo" para que el Gobierno de España aclare cuál es la población real que se encuentra en situación irregular y cuáles han sido las razones que le han llevado a tal situación.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de Vox, el diputado Óscar Fernández Calle ha dado la bienvenida a todas las personas que "vengan a trabajar" y a las que "respeten" las leyes, la cultura y "quieren integrarse".

En su opinión, España "no puede soportar este nivel de inmigración ilegal" y que provoca efectos como, entre otros, el "empeoramiento" de los servicios sociales, la "creciente inseguridad" o que las ayudas no lleguen solo a los españoles, sino que "hay que dividirlas".

De este modo, Fernández Calle ha señalado que Vox no quiere que los "ilegales" obtengan papeles y quiere que "se les expulse". "En este país entendemos que se debe entrar por la puerta y llamando", ha asegurado, además de proponer la reforma de la ley de extranjería y de cooperación, eliminar subvenciones a las ONG que "fomentan" la inmigración y cerrar los centros de Menas.

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha subrayado que migrar es "un derecho" y ha considerado que el hecho de que la Iniciativa Legislativa Popular venga avalada por 700.000 firmas representa un "mandato de la sociedad" en este sentido.

De esta forma, ha incidido en que vivir en situación irregular implica una "constante vulnerabildiad" a la explotación laboral, al abuso y a la exclusión social, por lo que regularizar la situación de estas personas "no es solo un acto de justicia legal, sino una reivindicación de su dignidad y de su derecho a ser reconocidas como miembros plenos de la sociedad".

En este sentido, y sobre los discursos de odio, Fernández ha planteado que no solo deshumanizan a las personas migrantes, sino que también distorsionan la realidad con bulos y desinformación. Así, ha considerado que la regularización de migrantes debería ir acompañada de un esfuerzo por educar a la población, desmontar mitos y promover una narrativa basada en "el respeto, la convivencia y la comprensión mutua".