26 abril 2024
La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez Vera, ha destacado este viernes la importancia de la figura del coordinador o coordinadora de parentalidad para minimizar los conflictos familiares tras un divorcio, separación o nulidad, sobre todo, para proteger a los menores que se ven afectados por las desavenencias de sus progenitores.
Lo ha hecho en el marco de la celebración de una jornada sobre Coordinación de Parentalidad organizadas por la delegación extremeña de la Asociación Nacional de Coordinadores Parentales (Ancopa), en las que ha manifestado que "para tomar cualquier decisión en relación con un menor en el ámbito del Derecho de Familia deberá tenerse en cuenta el principio 'favor filii' o de interés superior de este, lo que nos lleva a tener que proteger y considerar de forma primordial los derechos del menor".
A su vez, Sánchez, magistrada de carrera en servicios especiales, ha indicado, en este sentido, que "el beneficio de los menores debe ser siempre el eje central de la resolución de situaciones de disputa familiar, primando sobre otros intereses legítimos, ya sean de naturaleza personal o patrimonial de cualquiera de los progenitores".
Asimismo, ha resaltado que le consta que la figura del coordinador de parentalidad está siendo cada vez más valorada por los y las profesionales de la judicatura, no sólo porque favorece la resolución de conflictos familiares protegiendo a los hijos del impacto que supone la falta de acuerdo entre sus progenitores, sino que también contribuye a disminuir el volumen de trabajo de los órganos judiciales.
No obstante, ha incidido en que las funciones de coordinador de parentalidad no pueden ser asumidas por cualquier profesional, ya que esta figura exige, a su entender, conocimientos especializados en derecho de familia, salud mental, técnicas de mediación y cuanto se requiera para hacer los procesos más cortos y menos dolorosos para los hijos.
Cabe destacar que en las jornadas, celebradas en el Ateneo de Cáceres, participan y asisten profesionales de la judicatura, fiscalía, abogacía y psicología, entre otros, según informa la Junta en una nota de prensa.
