08 febrero 2024
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La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha avanzado que la Junta de Extremadura no se pronunciará sobre la propuesta del Gobierno respecto a que las comunidades autónomas puedan solicitar la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital hasta tener la información del Ejecutivo Central.
Solo entonces valoraría en función de "criterios técnicos" cuál es la "mejor fórmula" para la gestión de una prestación que, según ha señalado, con este planteamiento el Gobierno de Pedro Sánchez está reconociendo que su implantación ha sido un "fracaso".
Asimismo, en una comparecencia en la Asamblea, a petición del Grupo Socialista, sobre esta cuestión, ha acusado al Ejecutivo central de "deslealtad institucional" al plantear al resto de comunidades autónomas esta cesión de competencias una vez acordada la misma a Cataluña en el marco de las negociaciones con los partidos independentistas, de los cuáles, ha señalado, desconoce la "letra pequeña".
En su argumentación, García Espada ha subrayado que en 2022 esta prestación llegó únicamente al 35% de beneficiarios potenciales en España, y el coste coste anual efectivo se situó en el 47% de su potencial. "Con estos datos y la desinformación, fracaso es el balance de su gestión del IMV", como resultado de no haber escuchado a las comunidades autónomas antes de su implantación, en tanto que éstas ya tenían experiencia en la gestión de rentas básicas.
Con ello, la "medida social estrella del presidente Sánchez se ha estrellado", y por ello ahora valoran su cese a las comunidades autónomas. Aún así, ha remarcado, el Gobierno de María Guardiola "está en disposición y abierto a escuchar la propuesta, las condiciones y la manera de hacerlo", y en función de ello, valorará si apuesta por su gestión directa.
La consejera ha reiterado que la Junta ya está evaluando el "impacto" que supondría asumir la gestión de esta prestación, pero para ello poder alcanzar una decisión antes el Gobierno de España debe informar sobre cuantos expedientes del IMV se tramitan al año, el tiempo medio de tramitación de los mismos, qué sistema informático se va a utilizar y los medios humanos que va a transferir el ministerio a las comunidades autónomas para hacerlo posible, además de los recursos económicos que el Estado garantizaría para su correcta tramitación y gestión.
"Hay que estudiarla, analizarla y serán los criterios técnicos, criterios objetivos, los que determinen la mejor fórmula para los extremeños", ha matizado.
Pero todos estos datos por el momento se desconocen, ha puntualizado, porque más allá de la propuesta realizada por Pedro Sánchez tras conocerse el traspaso del IMV a Cataluña, al no haberse iniciado diálogo al respecto, y en este punto ha remarcado que debería abordarse en conferencia sectorial, con la participación de todas las comunidades autónomas, y no tras una negociación bilateral con una de ellas.
PSOE Y UNIDAS PIDEN EL TRASPASO
Por su parte, la diputada del Grupo Socialista Isabel Gil Rosiña, ha armuentado la solicitud de comparecencia ante la falta de una respuesta clara sobre el mismo asunto a una pregunta formulada por Unidas por Extremadura en el plano del 11 de enero.
Al respecto, ha considerado que la gestión directa "mejoraría" el sistema, así como cree posible asumir esta nueva competencia pero para ello es necesario hacer un estudio de la realidad de los recursos existentes.
"En una nueva posibilidad de mejorar la vida de la gente en la que creemos", ha señalado Gil Rosiña, quien ha ofrecido para ello el trabajo del Grupo Socialista, al tiempo que ha criticado la "frivolidad" con la que la consejera ha abordado este comparecencia que afecta a los 72.000 perceptores del IMV en Extremadura y los 26.000 de la Renta Extremeña Garantizada.
En este punto, ha cuestionado la "sensibilidad" del PP de Extremadura hacia la exclusión social y la pobreza, a la vez que ha lamentado que haya llevado el debate sobre la cesión de la prestación al marco de las negociaciones del Gobierno con los partidos independentistas catalanes.
A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha reprochado a la consejera que no haya expresado su "voluntad política" con respecto a la gestión del IMV, escudándose en la "incertidumbre" que ha reconocido que produce el desconocimiento de los términos en los que se llevaría a cabo.
"¿Queremos o no queremos la gestión de la prestación?", ha pregundado González Frutos, quien en todo caso ha aclarado que no habría "ningún peligro" con respecto a la financiación de las prestanciones, en tanto que en ningún momento se ha planteado que se vaya a "romper la caja única de la Seguridad Social".
El diputado de la coalición de izquierdas ha reconocido que el IMV no ha tenido el impacto marcado en los objetivos iniciales, pero considera que habría que reconocer que "algo se ha avanzado", puesto que se está destinando al sistema de protección de último recurso el doble del presupuesto con el que contaba hace cuatro años.
UNA "CHAPUZA" PARA PP Y VOX
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que combatir la pobreza es un objetivo "prioritario" para su formación, y que la "manera más justa de hacerlo no es condenar al español a vivir eternamente de la renta pública".
"Estamos a favor de que los españoles más necesitados perciban una renta mínima de su existencia para poder cubrir", pero "en ningún caso un efecto llamada a la inmigración ilegal", ha dicho Fernández Calle, quien ha abundado en el planteamiento señalando que apuesta por "rescatar a los españoles de la pobreza" pero sin que ello suponga estar "cronificando el subsidio", en relación a un IMV que está "fatalmente diseñado" a tenor de los resultados de sus primeros años de ejecución.
Finalmente, la diputada del Grupo Popular María Francisca Martín Luego ha expresado el "asombro" que le produce ver hablar sobre el "fracaso de una gestión a los autores de ese fracaso", en referencia a algunos de los resultados que deja la aplicación del IMV, como unicamente llega al 14% de las personas sin hogar en España o que el 33% de las solicitudes sean rechazadas por "problemas burocráticos".
Una medida que ya nació "con los pies de barro" porque el gobierno no "escuchó a nadie", ni a las comunidades autónomas, ni a las entidades locales, ni al tercer sector, que ya llevaban "muchos años gestionando rentas básicas".
En este punto, ha situado el ofrecimiento de la gestión directa en una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para ocultar su "chapuza" y para "maquillar su sumisión" a los partidos independentistas catalanes.
