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  • 21 jun 2024

De Miguel pide que Asamblea se refiera sobre posible vulneración constitucional Ley Zepas

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha presentado un escrito por el que solicita que los servicios jurídicos de la Cámara Regional

01 marzo 2023 | Publicado : 14:42 (01/03/2023) | Actualizado: 22:19 (01/03/2023)

Concretamente, reclama que la Asamblea de Extremadura se pronuncien sobre "la posible vulneración constitucional" de la propuesta de Ley de modificación de las zonas ZEPA.

Según el escrito presentado, de acuerdo al artículo 169 del Reglamento de la Asamblea, que determina que se podrá informar de cuantas cuestiones de índole constitucional o estatutaria se aprecien respecto de una iniciativa legislativa, De Miguel solicita que los servicios jurídicos de la Cámara realicen un informe sobre los posibles aspectos inconstitucionales del texto, "para que el propio pleno pueda tener toda la información necesaria para pronunciarse en el debate y votación de la propuesta".

La portavoz de Unidas por Extremadura ha justificado esta petición, tras escuchar en el trámite de comparecencias a diferentes juristas advertir de la inconstitucionalidad de la propuesta de ley

De Miguel recuerda en el escrito registrado que la intención de la norma es legalizar Valdecañas, "e incumplir el mandato de varias sentencias judiciales".

Junto con ello, añade que "la propuesta adolece de graves deficiencias jurídicas y sería inconstitucional puesto que, sobre Valdecañas, ya pesa una sentencia firme del Tribunal Constitucional, que tumbó una propuesta similar para reformar la Ley del Suelo de Extremadura, de cara a legalizar este complejo urbanístico".

Según el texto presentado por Unidas por Extremadura, la norma también atentaría contra el derecho a la tutela judicial, "ya que elevar a rango de ley esta propuesta, habiendo una sentencia del Tribunal Supremo sobre Valdecañas, vulneraría ese derecho".

Y, De Miguel ha recordado el obligado cumplimiento de lo dictado por los jueces y tribunales "porque es una de las más importantes garantías para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho y, como tal, está recogido en el artículo 118 de la Constitución".

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