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Por todas las administraciones desde 2003

SEO/BirdLife defiende que las 55 ZEPA extremeñas están "oficialmente reconocidas"

Sus fichas oficiales y planos fueron publicados en la web de la Junta y desde entonces, "cientos de actos administrativos avalaron su plena vigencia".

07 febrero 2023

El delegado territorial de SEO/BirdLife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet Guerra, ha subrayado que las 55 ZEPA de la comunidad autónoma se encuentra "oficialmente reconocidas" por las administraciones regional, nacional y la Unión Europea desde el año 2003.

Así lo ha transmitido en la comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad dentro del periodo informativo de la Propuesta de Ley presentada por el Grupo Socialista por la que se declaran, de forma expresa, zonas de especial protección para las aves, cincuenta y cinco territorios de la comunidad.

En concreto, se trata de una propuesta de ley sobre la que ha transmitido a los diputados extremeños la "enorme preocupación" que le suscita. "La realidad es que las ZEPA en Extremadura han sido declaradas, avaladas por sentencias judiciales y numerosos actos administrativos desde su comunicación y aceptación por la Unión Europea", ha defendido Cardalliaguet.

A su vez, SEO/BirdLife tiene una vinculación "muy destacable" en todo el proceso de implantación de la Red Natura 2000 en la Unión Europea, inspirando la creación de esta red de espacios para la protección de la biodiversidad y los hábitats naturales comunitarios, tal y como informa la organización en una nota de prensa.

De hecho, los criterios científicos estandarizados por BirdLife International (presente en más de 100 países), que permitieron en la década de los años noventa establecer las áreas más importantes para las aves (las IBA), han servido y sirven a la Comisión Europea para evaluar si el conjunto de ZEPA cubre adecuadamente la biodiversidad ornitológica de los estados miembros y garantiza su conservación.

Igualmente, según ha defendido el delegado de SEO/BirdLife, las Directivas europeas de Aves y Hábitats obligan a los estados miembros a determinar los valores significativos objeto de ambas directivas, que constituyen las reservas de biodiversidad "más valiosas" del continente, y les emplaza a tomar las medidas necesarias para garantizar su conservación, entre las que estará la declaración de los espacios de Red Natura propuestos y aceptados por la Comisión Europea.

Por ello, entre 2005 y 2006 prácticamente todas las ZEPA de Extremadura "habían sido ya comunicadas a la Comisión Europea a través del Estado", mediante documentos oficiales conocidos como formularios estandarizados y de obligada cumplimentación, donde se justificaban las candidaturas a espacios de Red Natura, listando las poblaciones de especies y hábitats en base a los cuales se proponían los espacios.

Por tanto, SEO/BirdLife, ha recordado a los parlamentarios que "todas ellas fueron aceptadas" por la Comisión Europea y fue una "suerte" para Extremadura, ya que por entonces, junto con otras comunidades autónomas del Estado Español, afrontaba un proceso en el Tribunal de Estrasburgo por "insuficiente declaración" de Red Natura, que "podía incluso comprometer la recepción de fondos europeos" como los FEDER y FEADER básicos para la PAC y el desarrollo rural.

Al mismo tiempo, Cardalliaguet ha recordado cómo estas 55 ZEPA extremeñas y todas las demás, una vez aceptadas por la Comisión, "dejaron atrás esa sombra de incumplimiento grave y escandaloso de las directivas europeas".

De hecho, sus fichas oficiales y planos fueron publicados en la página web de la Junta de Extremadura y desde entonces, "cientos de actos administrativos avalaron su plena vigencia", insiste la asociación ecologista.

En este sentido, hubo, por tanto, actos administrativos oficiales conforme al marco jurídico vigente en ese momento: el Real Decreto 1997/1995. Su artículo 3 establecía que "se incluirán las zonas especiales de protección para las aves declaradas, en su caso, por las comunidades autónomas correspondientes, en virtud de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE", conocida como Directiva de Aves.

SEO/BirdLife, recuerda asimismo que la Junta de Extremadura recurrió a una fórmula habitual en ese momento, perfectamente amparada por la normativa y reconocida por el Gobierno de España, la Comisión Europea y, por supuesto, por los Gobiernos autonómicos, incluido el Ejecutivo extremeño.

Además, a esos actos administrativos les siguieron "muchos más". Todos los promotores de proyectos o los solicitantes de autorizaciones varias eran informados de la presencia de las ZEPA (cuya información cartográfica tenían disponible en las webs de la comunidad autónoma y del Estado) y, por lo demás, eran "reiteradamente mencionadas" en los procesos de evaluación ambiental ya reglados por Ley, en las decisiones de los promotores en sus estudios de impacto ambiental y en las decisiones de la Administración competente, tanto de la comunidad autónoma, como del Estado, y sus resoluciones publicadas tanto en el boletín oficial autonómico como en el BOE.

Asimismo, se refieren a los "millones de euros en ayudas" a agricultores y ganaderos que han sido distribuidos desde entonces, asegura SEO/Birdlife, prioritariamente a titulares de explotaciones agrarias por estar incluidos en esas ZEPA.

De esta forma, entre 2009 y 2015 se han publicado en el DOE distintos planes de gestión de estas ZEPA, de todas ellas, detallando sus límites y estableciendo, con cierto retraso, puntualiza la asociación, la planificación de actividades y directrices de gestión, que suponían el desarrollo reglamentario de lo establecido en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y un año antes en la Ley 9/2006 de Protección de la Naturaleza de Extremadura.

Ambas son las primeras en el ordenamiento que incluyen la Red Natura 2000 y el proceso para la aprobación de nuevos espacios y su gestión. Y esto, añade, "es lo que se fue haciendo, aprobando planes de gestión hasta 2015".

Por tanto, las ZEPA "estaban en vigor y su presencia, límites y características eran conocidas por los ciudadanos, accesibles en los sistemas de información pública de la Administración con todo detalle, conocidas por los sindicatos profesionales agrarios, los ayuntamientos, diputaciones, ONG y público en general".

Finalmente, se solicitaban ayudas con base en ellas, se obtenían proyectos europeos de conservación LIFE o se aplicaban ayudas con baremos de puntuación basados en ellas y también se sancionaban infracciones contra los valores naturales que albergan. "Nada de esto sería posible en España sin un acto administrativo de declaración oficial", ha sentenciado el representante de SEO/BirdLife.

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