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Fiscalía alerta "uso excesivo" sistemas para inmovilizar ancianos en residencias mayores

Hay "unos pocos centros" en los que, a pesar de contar con usuarios y/o residentes en situación de dependencia, se definen como "libres de contenciones".

30 enero 2023

La Fiscalía de Extremadura ha advertido de que existe un "uso excesivo" de los sistemas para inmovilizar a los ancianos en residencias de mayores y centros psiquiátricos, por lo que ve necesario "un mayor control de los protocolos".

Así se recoge en el informe anual sobre los medios de contención física y farmacológica, ya sean barandillas o cinturones entre otros, en las residencias de mayores y centros psiquiátricos que ha elaborado la Fiscalía de Extremadura, debido a que el Ministerio Fiscal "supervisa la correcta utilización de estos métodos para salvaguardar la dignidad de las personas mayores y/o con discapacidad", así como "promover su autonomía".

Concretamente, en el caso de las residencias de mayores de Extremadura, la Fiscalía advierte de que se ha detectado un "uso excesivo -y muchas veces incontrolado- de las contenciones mecánicas", mientras que en los centros psiquiátricos (unidades de hospitalización breve y de media y larga estancia) sí existe "un permanente y adecuado control de todas las medidas de contención aplicadas".

En principio, el informe analiza la situación de 36 centros de mayores de la región, puesto que se han descartado todos aquellos en los que la información disponible "era fragmentaria, no contrastada, e incluso contradictoria en algunos casos".

Así pues, de acuerdo a este análisis de 36 centros de mayores, se concluye que solo el 25 por ciento de los centros no usa contenciones, "debido a la naturaleza del centro y a las características de los usuarios y residentes, generalmente porque se trata de residencias utilizadas por personas que gozan de la suficiente autonomía personal".

En ese grupo, existen "unos pocos centros" en los que, a pesar de contar con usuarios y/o residentes en situación de dependencia, se definen como "libres de contenciones", según señala la Fiscalía de Extremadura en una nota de prensa.

Además, apunta que poco más del 60 por ciento de residencias cuenta con protocolo de contenciones, e incluso "en algún caso ni siquiera se ajusta a la legalidad vigente", un porcentaje "claramente insuficiente", puesto que la Fiscalía considera que "si una residencia aplica contenciones, lo primero que debe hacer es dotarse de un protocolo adecuado".

El Ministerio Fiscal incide en que "aunque Extremadura carece de legislación propia al respecto, sigue pareciendo excesivo el porcentaje de residencias sin protocolo", una situación que ha sido "debidamente comunicada por las respectivas fiscalías a los centros que carecen" de este protocolo, por lo que espera que "en el futuro se vaya corrigiendo esta anomalía".

En total, de acuerdo a los datos aportados por la Fiscalía de Extremadura, se aplican contenciones a un total de 669 personas, y teniendo en cuenta que el promedio de ocupación de los 36 centros analizados es de 55 residentes, ello supone un porcentaje aproximado del 33 por ciento.

También apunta a un "alto porcentaje de casos que no cuentan con prescripción facultativa" que cifra en un 40 por ciento, lo que "sugiere claramente que aparte de la correlativa falta de control médico, las contenciones se aplican en muchas ocasiones sin necesidad", señala.

Además, alrededor de un 40 por ciento de los casos "no cuentan con consentimiento informado", y en ese sentido, apunta la Fiscalía que "en la mayoría de supuestos suele tratarse de consentimiento previo e indiscriminado, que firman los familiares en el momento del ingreso".

Por lo que respecta a las medidas concretas, el informe destaca que "predomina claramente la inmovilización en la cama", entre los que destaca el uso de doble barandilla, que se aplica al 83 por ciento de los usuarios; seguida del cinturón, en un 13 por ciento, y de la sábana/mono, en el 10 por ciento de los casos.

En segundo lugar, se sitúa la inmovilización torácica/abdominal en silla de ruedas o sillón, en el 49 por ciento de los usuarios, y finalmente el uso de muñequeras, en el 3 por ciento, tras lo que la Fiscalía evidencia que "en casi todos los supuestos de dependencia severa se utiliza la doble barandilla en la cama, en combinación con el uso de pañales", señala.

RESIDENCIAS DE MAYORES EN ALBURQUERQUE

El informe de la Fiscalía hace "especial mención" a la situación sufrida por las residencias de mayores de la localidad pacense de Alburquerque, que dio lugar a la incoación de un expediente administrativo sancionador, de unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Provincial de Badajoz, y de unas diligencias previas tramitadas por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Badajoz.

La Fiscalía Provincial de Badajoz se hizo eco de las noticias publicadas sobre quejas de trabajadores, familiares, usuarios y personal del propio Ayuntamiento sobre "la deplorable situación" de los mayores y personas con discapacidad residentes en centros de titularidad municipal en Alburquerque.

En concreto, se ponían de manifiesto el "sometimiento de la mayoría de usuarios a medidas de sujeciones mecánicas sin control ni prescripción alguna", sin protocolos y autorizaciones correspondientes para ello, la postración continuada e inmovilidad en sillas de ruedas o camas de los residentes, la carencia de mobiliario adecuado, la existencia de alimentos en estado de putrefacción, equipamientos e instalaciones muy deterioradas, y la "invasión exagerada" de insectos de todo tipo por las dependencias de los usuarios.

Por todo ello, la Fiscalía apreció la necesidad de incoar diligencias penales ante el trato dispensado a los residentes del centro de titularidad municipal Virgen del Carmen de Alburquerque, y finalmente presentó denuncia por presuntos delitos de abandono de personas mayores y con discapacidad, de trato degradante y de posibles lesiones físicas y/o psíquicas, que dieron lugar a la incoación de unas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Badajoz, lo que a su vez motivó la suspensión del correspondiente expediente administrativo sancionador incoado por el Sepad.

Y es que tras un año de investigación, y sin ninguna acusación particular personada, el juzgado acaba de dictar auto de sobreseimiento provisional, al considerar que los hechos no revisten naturaleza delictiva, y sin perjuicio de depurar las eventuales responsabilidades administrativas.

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