01 julio 2021
La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha valorado la dedicación, el esfuerzo y, sobre todo, la capacidad de diálogo y consenso para incluir algunas de las propuestas de las comunidades autónomas, y en especial de la extremeña, al acuerdo sobre la temporalidad en las Administraciones Públicas.
Así lo ha manifestado en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, celebrada este jueves, en la que ha defendido la necesidad de continuar los trabajos para alcanzar soluciones definitivas que no serán inmediatas ni eximirán de trabajos futuros a los responsables de las Administraciones Públicas, según ha matizado.
En concreto, Blanco-Morales ha valorado el documento por el procedimiento seguido, por las aportaciones de las distintas autonomías y por las aclaraciones a las dudas planteadas, según informa la Junta en una nota de prensa.
No obstante, la titular extremeña de Administración Pública ha reiterado la posición de Extremadura a favor de la supresión de la tasa de reposición, al tratarse de una medida coyuntural que lastra un problema estructural, el de la temporalidad, y que se basa en convicciones ideológicas contrarias a los servicios públicos.
En este punto, la vicepresidenta primera ha asegurado que la crisis sanitaria de la Covid-19 debe ser el catalizador de las reformas que favorezcan y fortalezcan el núcleo del estado social, siempre dentro del "equilibrio presupuestario" que rige la ideología socialdemócrata.
Extremadura defiende la adopción de una tasa de reposición adicional para aquellas plazas dotadas presupuestariamente. Esta medida permitiría a las comunidades autónomas abordar la situación de temporalidad alcanzada en los últimos años y reducir la tasa de interinidad al objetivo marcado del 8%.
Se trata de una medida adicional, que se aplicaría de forma extraordinaria, y que posibilitaría regularizar y reducir la temporalidad de la Administración regional.
Extremadura considera necesario cuantificar los costes económicos que supondrá la materialización del acuerdo, en un contexto, el de la crisis económica, en el que el Gobierno de la nación, consciente del papel que cumplen las comunidades autónomas, ha tomado importantes decisiones que han facilitado la liquidez, dentro del principio de lealtad institucional entre administraciones del Sistema de Financiación Autonómico.
En este contexto, Blanco-Morales se ha mostrado partidaria de abordar, en paralelo y con criterios comunes en todas las administraciones, la solución al problema actual y futuro de la temporalidad, de forma que se evite la judicialización de los procedimientos, incluso a nivel constitucional, se dé seguridad jurídica y cumplimiento a la normativa europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.
Por último, la vicepresidenta primera ha defendido la necesidad de afrontar este "problema estructural" desde el compromiso de la reorganización de los recursos humanos y de la transformación digital de la Administración en aras de una solución conjunta y consensuada.
