29 abril 2021
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La interventora general de la Junta, Elisa Isabel Pérez Cortés, ha defendido la corrección del decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Así lo ha hecho ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea, en respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, quien en el debate parlamentario de convalidación del decreto acusó a la Intervención General de "dejación de funciones" y de mirar "para otro lado" al no incorporar en su informe alusiones sobre varios capítulos del mismo.
Precisamente, ha señalado Hernández Carrón en aquellas cuestiones que son el "objeto" de la Intervención, entre las que ha citado la flexibilización del calendario cierre de ejercicio, el seguimiento de proyectos, anticipos de caja fija, entre otras.
De hecho, el diputado 'popular' ha vuelto a exigir "transparencia y control riguroso" a la Intervención General ante la "opacidad" de la Junta de Extremadura en la gestión de los fondos europeos para la recuperación.
En este sentido, el portavoz ha apuntado que el Decreto 3/2021 para la gestión de los fondos europeos "reduce ampliamente la fiscalización previa y simplemente aplica" las excepciones recogidas en la Ley de Hacienda de Extremadura.
Ante ello, ha aseverado que "la excepción no puede convertirse en la regla", ni siquiera durante una pandemia, porque no todo lo que se hace en este momento es por causa de la pandemia, y en los casos en los que así es, no puede confundirse lo "importante" con lo "urgente".
Hernández Carrón ha explicado que el Consejo de Estado ha formulado observaciones ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones.
Por su parte, Elisa Cortés ha reconocido que se quedó "a cuadros" al escuchar en el debate parlamentario las palabras del propio Hernández Carrón acusándola, con "palabras muy duras", de "dejadez de funciones" y de mirar "para otro lado".
En este sentido, la interventora ha aclarado que su departamento no tiene, en primer lugar, obligación de emitir un informe sobre este decreto, pero sí que entró a hacer una serie de observaciones por tratarse de cuestiones de contenido económico, y que así se lo trasladaron posteriormente al Consejo de Gobierno.
Así, ha señalado que si no hay alusiones a determinados capítulos del decreto, es porque no se detectó "ningún problema". "Solo entramos en los que vemos algún problema". "Si no hay tacha que decir, para qué los vamos a mencionar", ha añadido.
Es más, ha puntualizado que la redacción de ese capítulo fue propuesta por la intervención general, y que tal cual se ha incluido en el decreto aprobado. "No se ha cambiado nada". Una propuesta, que considera la "mejor" no solo para el control de estos fondos, sino también para agilizar el proceso, con una serie de simplificaciones y fusiones en el mismo, pero manteniendo tanto la fiscalización previa como el control posterior.
Y, el diputado del PP ha respondido que "no ha habido dejación de funciones, sino todo lo contrario, una preocupación para que las ayudas lleguen con control, pero de forma ágil, a los ciudadanos".
