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De Miguel: Junta “ha tardado ocho meses en sacar las ayudas COVID urgentes de vivienda”

De Miguel ha denunciado que, con este decreto, “pasen la responsabilidad al tercer sector que no tienen recursos económicos suficientes”.

18 marzo 2021

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado en la Comisión de Movilidad, Transporte y Vivienda que la Junta haya tardado ocho meses desde el estallido de la crisis de la COVID en convocar las ayudas urgentes de vivienda para colectivos vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia machista.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado en la Comisión de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Asamblea de Extremadura la tardanza en convocar estas ayudas urgentes de vivienda para colectivos vulnerables la Junta y cómo ha diseñado las mismas.

Para la portavoz, estas ayudas “no están correctamente diseñadas” y ha señalado a la directora general de Vivienda, María Isabel Vergara, que “es curioso que el Real Decreto hablara de medidas urgentes y usted tardara ocho meses en publicarlo aquí”, criticando que “mucha prisa no se dieron para sacar ayudas para las personas más golpeadas por esta crisis donde se ha demostrado que tener un hogar donde refugiarse es una cuestión clave para evitar contagios”.

Por ello, ha vuelto a insistir en que “nos parece un insulto que ustedes hayan tardado la friolera de ocho meses en publicar este decreto”, poniendo el ejemplo de la Comunidad Valenciana: “¿Sabe cuándo se publicaron en la Comunidad Valenciana? El 15 de mayo, un mes y medio después”.

En este sentido, Irene de Miguel ha denunciado que “la Consejería de Vivienda no está mostrando mucha empatía por las personas que peor lo están pasando y encima aprovechan para criminalizar la pobreza al más puro estilo de la derecha de este país”.

Además, la portavoz de Unidas por Extremadura no solo ha criticado la tardanza de estas ayudas, sino también, el diseño de las mismas: “La clave de bóveda de estas ayudas es que aquí en Extremadura han decidido externalizar la gestión de estas ayudas a ONG, que no tienen medios para gestionarlas”.

Para Irene de Miguel, la directora general de Vivienda “hace recaer sobre las espaldas de las asociaciones una responsabilidad para la que no tienen medios ni están capacitadas, además de marear a las personas solicitantes, porque, aunque tramiten las ayudas las ONG, estas tienen que ir a los Servicios Sociales de Base para tener su preceptivo informe favorable”.

Además, ha criticado que “son ayudas puntuales, por lo que quiere decir que no va a haber convocatoria anual. Ustedes dejan que los usuarios pasen de presionar a la Junta para que le dé una vivienda a que lo haga a estas asociaciones”.

Por todo ello, la portavoz le ha propuesto a la directora general que estas ayudas “se gestionen desde lo público con recursos públicos, al igual que la Consejería de Vivienda de la Comunidad Valenciana, donde le han dado un cero por ciento al tercer sector”.

Y es que, para De Miguel, “son las entidades locales las que tienen las herramientas y los medios técnicos para hacerlo”.

Junto con ello, ha asegurado que “ustedes están gestionando un derecho básico y fundamental, un mandato constitucional, el elemento clave que permite a muchas mujeres maltratadas dar el paso a denunciar y abandonar su hogar y a su maltratador, el elemento que hace que la gente no enferme y esté segura durante una pandemia mundial. Señora Vergara, ¿a qué están ustedes jugando con el Derecho a la Vivienda en Extremadura?”.

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