11 enero 2021
La comunidad autónoma de Extremadura cuenta con 14.855 plazas residenciales para personas mayores, un 56 por ciento de ellas de financiación pública.
Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes señala que la comunidad extremeña supera en 3.694 plazas la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años y además el trabajo destaca que se ha producido un "importante retroceso" del porcentaje de plazas públicas en favor de las plazas privadas.
En el conjunto del país, las plazas de financiación pública en residencias para personas mayores en España suman un total de 242.206 de las 389.031 existentes en todo el territorio nacional, es decir, un 62 por ciento del total.
Según este informe, recogido por Europa Press, el 62 por ciento del total de las plazas en estos centros son de financiación pública y el 38 por ciento -146.825- son plazas de financiación privada, siendo el País Vasco la comunidad autónoma con mayor porcentaje de plazas públicas (74%). En el lado opuesto está Galicia con un 41 por ciento.
La asociación destaca, del mismo modo, que Aragón y la Comunidad Valenciana son las dos regiones que más aumentan el número de plazas residenciales de financiación pública. En concreto, Aragón las aumenta en más de un 100 por cien y la Comunidad Valenciana en un 30 por ciento.
COBERTURA DE PLAZAS
El informe indica además que, el índice de cobertura de plazas por personas mayores de 65 años en España es de 4,2 por ciento (un 2,6% de plazas de financiación pública propias o concertadas, y un 1,6% de financiación privada).
En este caso, la comunidad con mayor índice de cobertura es Castilla y León, con un 7,8 por ciento, y la que menos, la Región de Murcia, con 2,3 por ciento.
En cuanto al precio público anual por usuario, la asociación indica que es de 20.686 euros y el de la concertación 19.324. Esto supone que la aportación promedio del usuario es del 36 por ciento y del 40 por ciento, respectivamente, según el informe.
En este sentido, el informe señala que existen diferencias en los precios en las plazas residenciales de financiación pública con una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 euros anuales en comunidades como la Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, la Comunidad de Madrid o Cataluña y hasta más de 8.000 euros anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco. En estas dos últimas, apunta el informe, se superan los 10.000 y los 11.000 euros respectivamente.
