UGT-SP convoca en Mérida una concentración contra el retraso en proceso de estabilización

UGT-Servicios Públicos de Extremadura ha convocado para el próximo lunes, 10 de febrero, una concentración ante las puertas de la Presidencia de la Junta, en Mérida, para criticar el retraso en el proceso de estabilización en la Administración General.

Así pues, durante una rueda de prensa, ha indicado que el "grave incumplimiento" del gobierno autonómico en los plazos establecidos para la resolución de dicho proceso le ha llevado a convocar a todos los trabajadores afectados a esta concentración que comenzará a las 17:00 horas.

La responsable del sector de la Administración Autonómica de UGT-SP, Erica Gutiérrez Méndez, ha asegurado que la "falta de compromiso" del Ejecutivo autonómico está causando un "perjuicio irreparable" en los derechos de los trabajadores.

"La continua modificación de fechas, la ausencia de información clara y las decisiones adoptadas de manera unilateral están sumiendo a los empleados públicos en una situación de desesperanza e indignación", ha declarado.

De este modo, los trabajadores afectados han manifestado su malestar ante la "indiferencia" de la Administración y han criticado que la "falta de certidumbre" sobre su futuro laboral está "afectando gravemente su bienestar personal, económico y familiar", apunta el sindicato en una nota de prensa.

De este modo, UGT-SP ha recibido "innumerables testimonios" de trabajadores que enfrentan dificultades económicas y personales debido a estos "continuos retrasos y promesas incumplidas".

Como ejemplo, el sindicato ha señalado que algunos empleados "ponen sus vidas en peligro diariamente" en la carretera desde hace más de 15 meses, mientras que otros no pueden atender a sus familiares enfermos o mayores, porque deben seguir desplazándose lejos de su localidad de residencia.

Además, hay trabajadores que, ante la "falta de estabilidad laboral", se quedarán sin sustento económico en el mes de mayo, lo que agrava su situación de incertidumbre, a lo que ha unido que el reciente aplazamiento en la resolución de los procesos de estabilización de los colectivos de ATE, TEIS e ILSE hasta la finalización del curso escolar ha supuesto un "golpe devastador" para los trabajadores al truncar sus expectativas laborales hasta septiembre.

"Esta decisión no solo afecta su estabilidad, sino también a la organización de los centros donde desempeñan su labor, generando desajustes y afectando la calidad del servicio público. Además, la incertidumbre no solo impacta a los temporales en proceso de estabilización, sino también a los empleados/as públicos fijos que esperan su incorporación a nuevos destinos a través de los concursos de traslados", ha indicado UGT-SP.

Este proceso afecta aproximadamente a 1.500 trabajadores entre personal laboral y funcionario, quienes "han esperado pacientemente hasta el final del año 2024 y ahora se ven atrapados en una situación de indefensión, viéndose muchos obligados a continuar en sus puestos de origen, con el consiguiente impacto económico y personal".

También impacta a todos los aspirantes que aguardan la constitución de las listas de espera derivadas de estos procesos. En numerosos casos, según el sindicato, estas listas se convertirán en las únicas activas, ya que muchas categorías y/o especialidades han agotado definitivamente sus listas o presentan vacantes en determinadas zonas que están agotadas.

Ante esta situación, la Administración recurre al Sexpe, lo que permite la contratación de personas que no han superado ningún proceso selectivo, generando enfado y desesperación entre los aspirantes de los procesos.

En total, 3.193 empleados públicos están a la espera de una resolución definitiva para obtener su plaza en la Administración General y la decisión del gobierno autonómico de retrasar nuevamente estos procesos genera un "clima de inseguridad e impotencia entre los afectados".

El incumplimiento de los plazos establecidos representa una "grave irresponsabilidad", en opinión del sindicato, ya que menosprecia a los empleados públicos y genera un "profundo malestar en el sector".

"No podemos tolerar más aplazamientos ni más excusas", ha afirmado el sindicato. "Es el momento de alzar la voz, de exigir respeto y responsabilidad. No permitiremos que los trabajadores/as sigan pagando el precio de la ineficacia de sus responsables políticos", ha concluido.