08 junio 2023 | Publicado : 11:06 (08/06/2023) | Actualizado: 23:22 (08/06/2023)
Ep.
La Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves por unanimidad la convalidación del Decreto-ley 3/2023, de 17 de mayo, del Ejecutivo regional, por el que se regulan ayudas temporales excepcionales a titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía. El decreto se aplicará tal y como está redactado, sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por parte de las organizaciones agrarias, ya que el informe jurídico de la Consejería de Agricultura así lo defiende teniendo en cuenta que se trata de un Ejecutivo en funciones y la aprobación en una Diputación Permanente "no es procedente la introducción de modificaciones" al texto.
La convalidación del decreto ha sido aprobada por los 18 diputados de la Diputación Permanente del Parlamento extremeño, que trasladado a todo el arco parlamentario supone la aprobación por unanimidad de los 65 parlamentarios de la Cámara.
La mayoría de los agricultores y ganaderos afectados podrán obtener estas ayudas a lo largo de las próximas semanas, según ha explicado la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en funciones, Begoña García Bernal, que ha insistido en que Extremadura "es la única comunidad autónoma que ha publicado un decreto con ayudas directas por la sequía".
En ese sentido, ha recordado que el decreto "complementa" las ayudas que también ha puesto en marcha el Gobierno central, e incluye algunas que desde el Ejecutivo se han dejado fuera, como las concernientes al sector porcino y equino, con 1,5 millones de euros.
Así, ha explicado, este decreto autonómico contempla ayudas directas al cereal de invierno por un total de 10 millones de euros; de 2,7 millones de euros para los apicultores afectados por la sequía (sector que recibirá un total de 3,9 millones si se tienen en cuenta las subvenciones del Gobierno central); otros 10 millones para seguros agrarios; y 20,9 millones de euros para financiar intereses de préstamos.
García Bernal ha reconocido que la situación del campo extremeño es "grave" debido a la falta de lluvia y al incremento de los costes de producción influenciado por la guerra en Ucrania, pero ha defendido "el compromiso" del Ejecutivo regional, que "siempre ha sido complementar las ayudas del Gobierno y de Europa".
Además, ha recalcado que desde el Ejecutivo central más de 120 millones de euros llegarán al sector ganadero extremeño y que hay otros 276 millones que se asignarán a distintos subsectores, dependiendo de cómo transcurran las campañas.
García Bernal ha señalado que no es posible recoger las alegaciones presentadas por las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja, UPA-UCE y La Unión, ya que el informe jurídico de la consejería no lo permite por la situación de que la Junta está en funciones, y la Asamblea en Diputación Permanente.
Estas alegaciones hacen referencia sobre todo al período de cuatro años para amortizar los préstamos (las Opas consideran que es poco tiempo), que deberían incluirse en el decreto de ayudas a las explotaciones de leguminosas, que no solo reciban las ayudas los agricultores a título profesional o que se preste más atención a los jóvenes agricultores.
Asimismo, la consejera en funciones ha asegurado la necesidad de convalidar este decreto de ayudas para "aliviar la situación de muchos agricultores y ganaderos" de la región.
APROBACIÓN CON MATICES
Sin embargo, los distintos grupos parlamentarios han aprobado con matices la convalidación del decreto.
Así, desde las filas del PP la diputada Cristina Teniente ha subrayado que se trata de "una solución coyuntural, un parche" que no es suficiente para ayudar al sector, que necesita "soluciones estructurales". Por ello, ha insistido en la necesidad aprobar una normativa estable para asegurar el tejido productivo agrario extremeño.
Teniente ha explicado que el decreto deja fuera a la vid y el olivar, no asegura la renta agraria, y es complejo por los cortos plazos de amortización de los préstamos.
A su juicio, el campo "está en una situación límite" y la Junta "le ha dado la espalda", por lo que hay que "adoptar medidas estructurales, pero esto será labor de un nuevo gobierno", ha matizado.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga también ha tachado de "parche" este decreto, ha señalado que España y Europa deben "cambiar de mentalidad" y considerar al campo "un sector prioritario, el que nos da de comer y mantiene vivo a los pueblos", y ha pedido al gobierno autonómico entrante que tome las medidas necesarias para "dar la posibilidad al sector de que pueda vivir de su trabajo y no de las subvenciones", ya que "si queremos campo, hay que conservarlo, y eso cuesta dinero".
Desde las filas de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha abogado por la creación de un banco público, que haya un incremente de los seguros agrarios destinado sobre todo a la agricultura familiar, y que se elabore una ley de cambio climático, "que nos prepare para situaciones como esta y no tener que estar aprobando decreto tras decreto", aunque, ha matizado, "con el gobierno que se vislumbra en Extremadura lo veo complicado".
De Miguel ha insistido en que "Extremadura necesita cuanto antes un Gobierno, para sacar ayudas a los cereceros y al sector primario, por lo que cuanto antes se acaben los teatrillos para formar gobierno saldremos todos ganando", ha comentado.
A este respecto, la diputada socialista Lola Garlito ha destacado que Extremadura es "la única comunidad autónoma que ha hecho un decreto ley con ayudas directas", y que la Junta "siempre está aportando soluciones" para los problemas del campo. "Qué sería del campo sin las medidas extraordinarias aprobadas, sin un gobierno que ha estado siempre atendiendo al sector?, ha argumentado.
Todos los partidos han mostrado su apoyo al sector cerecero extremeño por las pérdidas ocasionadas por las tormentas en el norte de la región, y que este jueves se concentra a las puertas de la Consejería de Agricultura en Mérida.
