La Unión urge a la Junta devolver lo recaudado por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

La Unión ha exigido a la Junta de Extremadura la devolución a los agricultores de lo recaudado por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, después de que una sentencia del 3 de mayo del Tribunal Supremo "restablece de forma clara que los cónyuges de titilares de explotaciones prioritarias tiene derecho a las bonificaciones y exenciones contempladas en la Ley de modernización en la adquisición de fincas rústicas, derecho que la Junta de Extremadura lleva 6 años incumpliendo".

A través de una nota de prensa, la organización agraria ha insistido en que el Gobierno extremeño "lleva más de 6 años cobrando el impuesto de transmisiones patrimoniales a los cónyuges de los titulares de explotaciones prioritarias de manera ilegal", tal y como hace dos años señaló el Tribunal Económico Administrativo de Extremadura, hace un año hizo lo propio el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y ahora lo ha ratificado el Tribunal Supremo.

Del mismo modo, La Unión ha subrayado que "Extremadura era la única región de España con este afán recaudatorio en aplicación de una Ley Estatal, además ha hecho caso omiso a todos los tribunales hasta la fecha y tenemos dudas razonables de que vaya a cumplir esta sentencia del Tribunal Supremo".

Además, la sentencia nº 546/2023 del Tribunal Supremo de fecha 3 de mayo de 2023, restablece de forma clara que los cónyuges de titilares de explotaciones prioritarias tiene derecho a las bonificaciones y exenciones contempladas en la Ley de modernización en la adquisición de fincas rústicas, ha recalcado La Unión.

Por ello, la organización agraria ha remitido un escrito al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para que "en el plazo más breve devuelvan los impuesto reclamados ilegalmente a estos agricultores que han sido engañados por su administración con la colaboración en muchos casos por Registradores y Notarios, que han mal informado a los compradores de fincas rústicas para que pagasen un impuesto al que tenían derecho a no pagar".

Por tanto, advierte de que si el Ejecutivo regional no devuelve ese dinero, "La Unión exigiría responsabilidades penales a sus responsables", ha sentenciado.