17 junio 2022
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha celebrado que se haya alcanzado un "acuerdo" para el nuevo convenio del campo y se haya puesto fin a la huelga de trabajadores.
Así pues, ha asegurado que el sector primario necesitaba de unas relaciones laborales "del siglo XXI" y este convenio "avanza en ese sentido", aunque reconoce que "todavía quedan muchas cosas por hacer".
Por eso, la líder de Unidas por Extremadura ha mostrado su "satisfacción" por que Unidas Podemos haya registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para "mejorar" las condiciones de trabajo y protección social de los trabajadores agrarios.
"La ley recoge reivindicaciones históricas como unificar la renta agraria y el subsidio agrario para modernizar el sistema y adaptarlo a las condiciones de trabajo reales de los jornaleros y jornaleras", destaca.
También -ha indicado- se establece la 'peonada cero', es decir, se elimina la necesidad de acreditar 35 peonadas al año porque hay que hacer "compatible" el trabajo en el campo con otras actividades o ingresos".
De la misma forma, De Miguel ha asegurado que la peonada cero también contribuirá a luchar contra los abusos y el tráfico de compra-venta de peonadas, según informa en una nota de prensa Unidas por Extremadura.
Por otro lado, la proposición de ley también modifica la referenciación del subsidio, que será respecto al SMI, en lugar del Iprem, por lo que la prestación básica será del 50 por ciento del SMI.
"La cuantía se incrementará en función de las peonadas, de forma que si una persona, por ejemplo, da de 6 a 15 peonadas, cobrará un subsidio que será del 65 por ciento del SMI, pero si una persona da 121 cobrará el 88 por ciento y si da más de 200 peonadas, cobrará el 100 por ciento del Salario Mínimo Inteprofesional", ha dicho De Miguel.
La portavoz también ha explicado que el proyecto recupera, además, la prestación de subsidio para mayores de 52 años y establece acabar con el fraude en la contratación, "ya que las altas en la Seguridad Social deberán realizarse antes de la prestación del trabajo".
Finalmente, De Miguel ha señalado que esta proposición de ley, que puede afectar a más de 500.000 jornaleros de Extremadura y Andalucía, "viene a hacer justicia y a dignificar" a este colectivo, con el que cree que hay una "deuda pendiente", ya que su trabajo es "esencial para garantizar la vida", ha sentenciado.
