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La Junta defiende que la Creex cumple la ley de subvenciones

Mientras, desde Cs exigen "transparencia" respecto al salario de un alto cargo de una entidad social "bien financiada" por los extremeños.

05 mayo 2022

Ep.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha defendido que en un estado de derecho las subvenciones se otorgan de acuerdo con la ley, al ser preguntada si la Junta seguirá subvencionando a la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex).

Lo ha hecho en respuesta a una pregunta de Ciudadanos, en el Pleno de la Asamblea de este jueves, en el que el diputado José María Casares ha señalado que esta organización presuntamente incumple con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en lo relacionado a la publicación del sueldo de su secretario general, Francisco Javier Peinado, que mantiene como si fuera un "secreto de estado".

Casares ha exigido "transparencia" respecto al salario de un alto cargo de una entidad social "bien financiada" por los extremeños, pues la Creex recibe 700.000 euros de la Junta, de los cuales se destinan 448.000 a pagar salarios, según ha detallado.

No obstante, de esta cantidad no se sabe cual es la que va destinada al salario de Peinado, sobre quien ha dicho que se desconoce qué "intereses" hay en mantenerlo "como si fuera un secreto de estado".

Asimismo, ha dicho que los empresarios a los que representa "tienen que saber qué parte se destina" a su sueldo, al tiempo que ha recordado que hay "una parte importante" de la organización "en su contra", quienes claman la convocatoria de unas elecciones que "tenía que haber convocado ya y no tiene previsto hacerlo".

Según el diputado de Cs, la Junta debe "velar por el buen hacer" de la Creex como entidad que subvenciona de forma "tan importante".

En su respuesta, la vicepresidenta primera ha defendido que "siempre" que se gestionan fondos públicos, estos están sujetos al imperio de la ley, al tiempo que ha reprochado a Casares que ninguna norma que regula las subvenciones que se conceden a la patronal impone la "obligación" a la que se refiere su pregunta. Una cuestión que, ha remarcado, en su opinión requiere "un cursillo acelerado de democracia".

Por un lado, porque "ni la ley de subvenciones ni la de participación de agentes sociales señala nada" sobre la publicación de los sueldos, un debate que considera que "no es propio" de las fuerzas políticas que representan a los ciudadanos en la Asamblea ni del gobierno que gestiona las subvenciones.

En este sentido, ha recordado que estas subvenciones de participación institucional tienen por objeto "garantizar que cumplen con las funciones que la Constitución les otorga y el Estatuto de Autonomía les atribuye.

La segunda lección, ha añadido, en alusión a Ciudadanos, es que solo están dispuestos a "invocar aquellas normas que les conviene en un momento concreto y para un caso concreto".

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