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Por parte del Gobierno

Extremadura recibirá más de 106 millones en 2ª convocatoria ayudas a autónomos y empresas

También se modifican las bases reguladoras de las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación de la vida familiar y laboral.

01 septiembre 2021 | Publicado : 13:09 (01/09/2021) | Actualizado: 18:01 (01/09/2021)

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un decreto ley por el que se efectúa la segunda convocatoria de las ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España y reguladas mediante el decreto ley 5/2021, de 9 de junio, ampliando el ámbito de sus posibles beneficiarios.

En esta ocasión, a Extremadura le corresponden recursos por importe de 106.466.130 euros para esta finalidad, según la orden HAC/283/2021, de 25 de marzo. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa celebrada en Mérida con posterioridad a la reunión semanal del Ejecutivo regional la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, quien ha señalado que el objetivo de esta segunda convocatoria es ampliar el ámbito de las posibles empresas beneficiarias, que abarcará la práctica totalidad del tejido productivo salvo algunas excepciones.

En concreto, se abre a todos los subsectores de educación; a todas las actividades personales, científicas y técnicas; a las actividades de telecomunicaciones, servicios de transporte, y a todas las actividades de comercio al por menor y al por mayor. Además, en la convocatoria anterior solamente podían ser beneficiarios algunos subgrupos de esos sectores, mientras que en la nueva convocatoria se incluye a todos.

En cuanto a las excepciones, según la clasificación CNAE, quedan excluidas las actividades de la sección K de actividades financieras y de seguros, actividades asociativas y actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.

Eso sí, Gil Rosiña ha aclarado que los requisitos que se piden a las empresas para poder acceder a las ayudas “son los mismos” que en la primera convocatoria, y que se corresponden con los establecidos por el Gobierno de España.

No obstante, la portavoz autonómica ha anunciado que el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar la semana próxima un acuerdo mediante el que se pondrán “encima de la mesa” todas las herramientas que permitan que las ayudas lleguen al mayor número posible de empresas y, de este modo, “sortear la difícil situación” que ha provocado la crisis de la Covid-19 en el sector productivo.

Además, según ha explicado, la finalidad de esta segunda convocatoria es evitar que se puedan “perder” unos 70 millones de los 106 presupuestados por el Gobierno de España, ya que hasta el momento se han abonado 29 millones de euros y, una vez resueltos los expedientes en tramitación, se podrían alcanzar los 35 millones abonados como máximo.

“APROVECHAR AL MÁXIMO” ESTOS RECURSOS ECONÓMICOS

Así pues, con el propósito de "aprovechar al máximo" estos recursos económicos y generar un mayor impacto en la economía regional, se ha ampliado el destino de las ayudas, para que puedan acceder prácticamente todos los sectores empresariales de la Comunidad Autónoma.

De este modo, podrán ser beneficiarias las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluyendo comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica, autónomos y profesionales con centro productivo en Extremadura que tengan domicilio fiscal en territorio español, que hayan realizado durante 2019 y 2020, al menos, una de las actividades previstas en los Códigos CNAE definidos en el anexo del nuevo decreto ley y continúen en su ejercicio en el momento de la solicitud, en el caso de que se hayan visto afectados en su actividad económica en la forma establecida en el artículo 3 del decreto ley 5/2021.

A su vez, según informa la Junta en una nota de prensa, estas ayudas tienen carácter finalista, por lo que deben destinarse a satisfacer la deuda y a realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir del 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.

Y es que, tal y como detalla el Ejecutivo, se trata de ayudas "coyunturales y extraordinarias, de aplicación inmediata, que no deben demorarse en el tiempo", y ello determina "la extraordinaria y urgente necesidad" que lleva a que se apruebe en este decreto ley la convocatoria de las ayudas y la ampliación del ámbito de beneficiarios con relación al decreto ley 5/2021, con el fin de acortar los plazos de tramitación administrativa y poner en marcha dichas medidas en el menor tiempo posible.

AYUDAS A LA CONCILIACIÓN

Por otro lado, Gil Rosiña ha avanzado que mediante este nuevo decreto ley se introduce además una modificación de las bases reguladoras de las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-19, reguladas en la orden de 6 de julio de 2020, de la Consejera de Igualdad y Portavocía.

Según ha aclarado, esta modificación supone “un segundo intento” para unas subvenciones que, en su primera convocatoria, con una dotación de un millón de euros, solo fueron solicitadas por 5 familias, una respuesta que no ha extrañado a la Junta de Extremadura porque resulta difícil cambiar “con un decreto” la economía sumergida y los hábitos que sitúan a la mujer en el centro de los cuidados familiares, en muchas ocasiones sin remuneración.

Con esta medida se pretende que dichas ayudas tengan un mayor alcance para construir una nueva organización del sistema social y económico donde mujeres y hombres puedan desarrollarse en las diferentes facetas de sus vidas mediante actuaciones concretas de conciliación y corresponsabilidad de su vida familiar y laboral.

La modificación propuesta consiste en incrementar los umbrales del Índice Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) y las cuantías de las ayudas a conceder, a efectos, por un lado, de mejorar las condiciones de acceso a las mismas, ampliando el abanico de los posibles destinatarios de las mencionadas ayudas y, por otro lado, de hacer más efectiva la medida de conciliación.

De esta forma, se eleva a 4 veces el IPREM establecido como requisito de rentas o ingresos brutos mensuales para el supuesto de familias monoparentales, que en las bases objeto de modificación se fijaba en 3 veces, y se incrementa a 8 veces el IPREM si la unidad familiar no es monoparental, cuando en las bases modificadas ascendía a 6 veces, detalla el Ejecutivo.

Por otra parte, se eleva el importe de la subvención que, dependiendo del tramo y base de cotización correspondiente de la persona empleada, según el número de horas trabajadas al mes, oscilará entre los 200 y 1.100 euros mensuales, cuando antes se situaba en un rango entre los 300 y 900 euros mensuales.

La ampliación del alcance de las ayudas favorece la participación e incorporación de las mujeres desempleadas del medio rural al mercado de trabajo, logrando una mayor diversificación económica de éste y un refuerzo de los recursos existentes en el territorio.

Por este motivo, esta modificación se considera una "medida adecuada" en el marco de la política de la Junta de Extremadura ante el reto demográfico y territorial. Así pues, tras la misma habrá una segunda convocatoria, dotada asimismo con un millón de euros, según ha avanzado Gil Rosiña, todo ello con la finalidad de "implantar políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad", ha sentenciado.

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