25 febrero 2021
UPA-UCE Extremadura se mantiene "convencida desde el primer momento" de la "corrección" de sus actuaciones "en cumplimiento de la normativa aplicable" y de la inocencia de sus dirigentes y trabajadores dentro de la denominada 'Operación Tellus', relativa a un presunto fraude en el seno del citado sindicato agrario en la comunidad.
Asimismo, la organización agraria se muestra "deseosa" de poner "fin" a la "pesadilla" del procedimiento judicial abierto al respecto y que dura ya más de cuatro años, para con ello "reponer el buen nombre y restaurar el daño infringido a toda la gran familia de los pequeños y medianos agricultores extremeños y su organización más representativa".
De este modo se pronuncia UPA-UCE Extremadura en una nota de prensa en la que se muestra también "sorprendida" por la acusación del Fiscal al hilo de la 'Operación Tellus' y que, según indica, "ignora las pruebas concluyentes de la instrucción".
Al mismo tiempo, afirma que las acusaciones y penas solicitadas por el Fiscal de la 'Operación Tellus' "ignoran las pruebas, declaraciones testificales, periciales e informes aportados en el proceso de instrucción que corroboran la correcta actuación e inocencia de UPA-UCE, sus dirigentes y trabajadores".
A este respecto, la organización agraria añade que "se retrotrae en su escrito de acusación a las infundadas e inconsistentes actuaciones llevadas a cabo por la errónea y desacertada actuación del Equipo de la Guardia Civil encargado de la investigación, al cual no se le ha podido preguntar por las defensas por la insistente negativa de la jueza instructora, vulnerando con ello el derecho fundamental de defensa de los acusados con la verdadera intención inicial de la celebración de un juicio oral".
En esta línea, la organización agraria entiende que la "inconsistencia" de las acusaciones de la fiscalía "se contrapone" en particular en la actuación de la Junta de Extremadura que, personada en su momento como acusación particular, "se apartó del caso el pasado Noviembre tras no apreciar delitos contra la Hacienda Pública", señala.
Al mismo tiempo, UPA-UCE advierte de que la diversidad de delitos que formula la acusación y la "gravedad" de las penas solicitadas "sólo tienen explicación en su interés por justificar a destiempo la improcedente prisión incondicional a la que se sometió durante tres meses y medio a los dos principales dirigentes de la organización".
Con ello, la organización agraria manifiesta su "más absoluta sorpresa y rechazo" al conjunto de delitos con los que Ministerio Fiscal acusa a los investigados en la denominada "Operación Tellus", a su juicio "magnificados desorbitadamente por las condenas que reclama sin justificado soporte probatorio contra la organización, sus dirigentes y trabajadores".
Y es que en una primera valoración del escrito del fiscal, UPA-UCE considera que, en su escrito de acusación, "desprecia e ignora las contundentes e incuestionables pruebas que, mediante declaraciones testificales ante la Guardia Civil y el juzgado instructor, los informes emitidos por el Banco de España a través del Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), por los servicios de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Intervención General de la Junta de Extremadura, así como el material incautado e investigado en la propia sede de la organización" demuestran --indica-- la "correcta actuación" de UPA-UCE Extremadura y la "efectiva prestación del Servicio de Asesoramiento a los agricultores y ganaderos que fueron los efectivos beneficiarios de las subvenciones concedidas por la Junta de Extremadura".
Al mismo tiempo, en opinión de UPA-UCE Extremadura, la "única explicación posible" al escrito de acusación del fiscal, tras lo "probado" durante la instrucción del caso, "es la de tratar de justificar su improcedente y desorbitada solicitud, concedida por la magistrada instructora Fernández Arroyo, de mantener en prisión incondicional desde Noviembre de 2016 hasta febrero de 2017 a los dirigentes Ignacio Huertas y Maximiano Alcón".
A colación de esto último, recuerda que como consecuencia de la investigación iniciada por la actuación del sindicato el Juzgado inició una "pieza separada" en la que se investigó a los servicios y funcionarios de la Junta de Extremadura encargados del procedimiento de selección de las entidades de asesoramiento a los agricultores y ganaderos, concesión, control e inspección de las subvenciones, que "concluyó sin formular acusación alguna, validando de este modo las actuaciones realizadas desde la administración autonómica, desarrolladas en distintas legislaturas regidas por gobiernos de diferente color político".
También señalan desde UPA-UCE Extremadura, la actuación desarrollada por la organización, destinada a facilitar a agricultores y ganaderos el acceso a los servicios de asesoramiento en las condiciones económicas "más favorables", y "sin incurrir en incumplimiento alguno con la normativa reguladora dictada por la Junta de Extremadura", fue "idéntica o similar a la puesta en marcha por otras organizaciones agrarias o cooperativas extremeñas".
Resulta por ello "incomprensible", a juicio de UPA-UCE, que el fiscal "ignore la relevancia que supone que la Junta de Extremadura, personada en la instrucción como supuesta principal perjudicada por la actuación del sindicato, se haya apartado del caso el pasado mes de noviembre tras el último auto dictado por la magistrada instructora, renunciando de esta forma a ejercer la acusación popular y, consecuentemente, reconociendo la inexistencia de perjuicio para la administración; es decir, la Junta de Extremadura, en tanto que supuesta administración perjudicada, no encuentra actuación del sindicato que suponga vulneración de las normas dictadas ni perjuicio para las arcas públicas".
Para UPA-UCE, la sucesión de acontecimientos tras esta conclusión es "clara", en el sentido de que "sin fraude de subvenciones que perjudique a las arcas públicas no existe ni falsedad documental, ni blanqueo de capitales ni, menos aún, organización ni grupo criminal", como --según apunta-- "corroboran no sólo el desistimiento de la acusación popular por la Administración sino el informe del SEPBLAC que, textualmente expresa --dice-- "en el presente supuesto, y a falta de una mayor evidencia documental, no podemos concluir que exista ningún tipo de evidencia sólida de incumplimiento de sus deberes en la normativa de prevención de blanqueo de capitales", concluye.
