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La Organización en Defensa de lo Público apoya la lucha de los agricultores extremeños

En sus reivindicaciones del campo para conseguir "una valoración de su trabajo y de lo que producen".

13 febrero 2020

La Organización en Defensa de lo Público (ODP-PSLF) ha mostrado este jueves su apoyo a la lucha que realizan los agricultores extremeños en las reivindicaciones del campo para conseguir "una valoración de su trabajo y de lo que producen".

De este modo, ha explicado que la política agraria seguida por los diferentes gobiernos según las directrices de Bruselas "beneficia y privilegia" a las "clases ricas, a los agricultores más poderosos y terratenientes", ya que según ha asegurado la PAC se basa en subvenciones y en directivas de los gobiernos nacionales "lo que conduce a la expulsión de sus tierras a los pequeños propietarios".

Asimismo, según ha informado esta organización en una nota de prensa, la política seguida desde Bruselas favorece "de modo descarado" la concentración y acumulación de la tierra en manos de "los grandes terratenientes, empresas agrícolas y de los fondos de inversión que están introduciéndose en el campo de una manera acelerada".

Además, una "buena parte" de los casi 600 millones de euros de la PAC van a parar a propietarios de tierras que viven en Madrid o fuera de Extremadura, por lo que esta organización ha reclamado que las ayudas vayan a los agricultores que realizan una actividad agraria, "en función de la producción y vinculadas al empleo, a quienes generan riqueza y crean empleo".

PRODUCTOS DE OTROS PAÍSES

Por otro lado, esta organización ha afirmado que se permite la entrada de productos de otros países a los que "dudosamente" se les aplican los reglamentos y controles sanitarios que controlan la producción agrícola nacional.

"Muchas de las producciones que vienen del extranjero pertenecen a grandes empresas españolas que producen con menores costes en otros países como Marruecos", ha indicado el colectivo.

De este modo, ha añadido que la pretensión del gobierno de tratar de "convencer" a los grandes supermercados y grandes distribuidoras para que tengan solidaridad con los agricultores "es pura fantasía", ya que "el meollo" de la cuestión son los precios, y es la Unión Europea la que impide -afirma- la fijación de precios a los gobiernos.

Sin embargo, permite a su juicio que las grandes superficies y las multinacionales "arruinen" a los agricultores y que luego vendan a "precios abusivos" al resto de la ciudadanía.

De tal manera, el abandono y la despoblación del mundo rural se traducirá según indica "en beneficio de grandes fincas de agricultura industrializada, grandes y exclusivos cotos de caza o fincas de recreo para la alta sociedad verde", por lo que "no desaparecerá" la producción de alimentos y todo quedará "en manos de las grandes multinacionales y de los grandes terratenientes, que con las maquinarias y la tecnología actual controlarán la producción, distribución y comercialización de alimentos".

NECESITAN MEDIDAS

También, la organización ha asegurado que el mantenimiento del mundo rural y la agricultura necesitan de medidas que vayan "a la raíz" del problema agrario y que sean llevadas a cabo por parte del Gobierno y de la Junta de Extremadura.

En primer lugar, una "ruptura" con las políticas que proceden de Bruselas que están "condenando a la ruina a quienes viven y realizan la actividad agraria", considera.

Seguidamente, se deberán desarrollar a su juicio políticas que orienten al agricultor en el coste "real" y en la planificación de las producciones, la calidad sanitaria, entre otras; así como la "intervención directa" en la comercialización, suministros de servicios y financiación de las producciones.

También se deberá poner en marcha, según el colectivo, Mecanismos de Mercado como el establecimiento de aranceles de importación, reintegro de los aranceles que se cobran a los productos de la exportación, precios de garantía, reglamentos sobre la calidad de los alimentos, y políticas para que el consumo de productos de la tierra se lleve a cabo en establecimientos públicos de la Junta de Extremadura o del Estado español.

En esta línea, ha pedido una "mayor intervención" para aplicar con "todo rigor" la Ley de Comercio de 1996 y la Ley de Competencia Desleal de 1991 que prohíben la venta a pérdida, ya que "inducen a error a los consumidores, desacreditan la imagen del producto o reducen la competencia en el mercado", entiende.

Por último, esta organización ha aseverado que "la única solución ante el atropello violento" al que se está sometiendo a las clases trabajadoras del mundo rural es la Reforma Agraria, que debe estar basada a su juicio en las "expropiaciones" de grandes latifundios ya que el reparto de tierras "es imprescindible", concluye.

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