Vox-Cáceres expone anular petición datos personales a viajeros establecimientos turísticos

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres presentará una moción al Pleno de este próximo jueves, 16 de enero, para instar a la Junta de Extremadura a tomar las medidas oportunas para exigir al Gobierno de España la derogación de las disposiciones relativas a las solicitudes de datos personales de viajeros a establecimientos turísticos previstas en el real Decreto 933/2021, de 26 de octubre.

En concreto, en la moción se recuerda que el pasado año 2024 ha sido en el que Cáceres se ha consolidado como un destino turístico de interior, siendo, además, este sector, el que se ha convertido en un motor fundamental de la economía cacereña gracias a los ingresos y al empleo que genera.

Y es que desde el pasado 2 de diciembre es obligatorio el nuevo registro de datos que deben hacer las agencias de viajes, empresas hoteleras y de arrendamiento de vehículos a motor en relación con el Real Decreto 933/2021.

"Una normativa que se ha ganado el rechazo unánime del sector ante lo que consideran que añade más carga burocrática y que a corto plazo va a provocar un encarecimiento de los servicios turísticos", recuerda el texto de la moción.

El portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha recordado que "esta normativa obliga a los operadores turísticos, públicos y privados, a realizar registros documentales e información para identificar a sus huéspedes y usuarios a través de la plataforma SES.hospedajes", en la que hay que añadir nuevos datos a los que se solicitaban anteriormente como "la identificación del medio de pago, el sexo, el documento de identidad completo, lugar de residencia habitual, teléfono fijo y móvil y correo electrónico, entre otros".

"Expertos en ciberseguridad han advertido del riesgo que supone el manejo de esta información por parte de establecimientos hoteleros, especialmente ante posibles ciberataques que podrían comprometer datos sensibles de los clientes, incluidos los medios de pago", se indica en el texto.

Por tanto, con todos esos datos, las empresas deben realizar un parte de entrada y luego volcar los datos en un registro informático, y dicha información debe conservarse durante tres años a partir del final del servicio.

Además, las empresas están obligadas a comprobar la veracidad de los datos y, de no hacerlo correctamente, se enfrentan a sanciones que oscilan entre los 100 y los 30.000 euros, que resultan desproporcionadas para muchos establecimientos, en especial para los de menor capacidad económica".

"Desde el primer momento todo el sector ha manifestado su disconformidad ante este nuevo método de registro más exhaustivo ya que exige recoger datos que incluso afectan a la intimidad de las personas y que desde el pasado día 2 ha sumido al sector en un auténtico caos y locura", recoge el texto.

La moción de Vox recuerda que "el Gobierno no ha garantizado la viabilidad técnica de su implementación. La plataforma SES Hospedaje, diseñada ad hoc para recoger los nuevos datos exigidos, no estaba operativa el pasado 2 de diciembre, fecha de entrada en vigor del real Decreto. Esta falta de previsión pone en evidencia la inadecuada planificación y coordinación con el sector".

Según Gutiérrez, el sector turístico y hotelero en Cáceres no es una excepción y "ya ha manifestado su total desacuerdo con dicha norma por perjudicar seriamente su actividad diaria y constatar el perjuicio que supone en la atención y buen servicio que se ofrece a los huéspedes en el momento de la recepción".

Además, los empresarios turísticos cacereños, como el resto del sector en España, cree que "estas medidas van a frenar la llegada de viajeros a nuestra ciudad ya que esta normativa provoca una clara desventaja competitiva porque en ningún país de Europa ni de América se exige tanta información".

Por todo ello, Vox propone "instar a la Junta de Extremadura a tomar las medidas oportunas para exigir al Gobierno de España la derogación de estas disposiciones, así como recuperar los requisitos previos establecidos en la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, garantizando un equilibrio adecuado entre la seguridad, la privacidad y la eficiencia administrativa.

Finalmente, también solicita "reducir los trámites administrativos innecesarios que perjudican al sector turístico con el objetivo de reforzar su competitividad y garantizar la seguridad jurídica a largo plazo", concluye la moción.