19 septiembre 2023 | Publicado : 17:23 (19/09/2023) | Actualizado: 18:43 (19/09/2023)
La consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Camino Limia, ha manifestado este martes que "la reducción de las acciones de control a las fincas públicas del Parque Nacional de Monfragüe sin incluir las fincas privadas podría suponer un grave problema de sanidad animal".
Así pues, "la Ley avala y respalda la apuesta" de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural por la caza con fines de control poblacional en Monfragüe, según la titular de este departamento, Camino Limia.
A este respecto, añade que "todas las normas" que afectan al Parque Nacional de Monfragüe (Ley de Caza de Extremadura, Ley de Declaración del Parque Nacional de Monfragüe, Ley de Parques Nacionales y Plan Director de la Red de Parques Nacionales), "a pesar de que consideran la caza como una actividad incompatible, siempre contemplan una excepción en lo relativo a la práctica de la caza (actividad cinegética) para el desarrollo de los controles poblacionales, es decir, lo que proponemos desde esta consejería".
En este sentido, tal y como informa en una nota de prensa la Consejería recuerda que los controles poblacionales mediante acciones cinegéticas se han venido desarrollando en el Parque Nacional de Monfragüe "desde el año 1997 hasta el año 2020, por motivos biológicos y técnicos en fincas públicas y privadas". "El Parque Nacional de Monfragüe es el espacio natural de Extremadura con mayor valor ecológico y medioambiental", incide.
Asimismo, resalta que las sierras que componen el actual Parque Nacional han llegado hasta la actualidad con unos valores naturales que se han mantenido y conservado "gracias a los aprovechamientos tradicionales realizados por los propietarios de las fincas privadas.
Entre estos aprovechamientos tradicionales se encontraba la caza como regulador natural para el mantenimiento de las densidades de población, la afectación a las formaciones vegetales y el control de las enfermedades infecciosas, entre ellas, la tuberculosis".
Pero, en todo caso, la Administración lo que hizo fue valorar estos espacios naturales donde el "mérito" de su estado de conservación no era de la Administración, sino "de los propietarios privados que se habían ocupado de su mantenimiento, respetando los procesos biológicos y contribuyendo a su protección".
En esta línea, apunta que desde el siglo pasado con su declaración como Parque Natural se han ido adquiriendo fincas por la Administración; en la actualidad el porcentaje de propiedad privada es, aproximadamente del 50 por ciento. El Parque Nacional tiene una superficie de 18.396 hectáreas y se encuentra rodeado por 30.767 hectáreas de cotos de caza y de explotaciones ganaderas.
También, la colaboración de los propietarios privados en el mantenimiento de estos ecosistemas y en la regulación de las poblaciones de especies cinegéticas (ciervos y jabalíes) "siempre ha sido determinante".
COLABORACIÓN
De igual manera, entiende que los controles poblacionales mediante acciones cinegéticas en las fincas privadas han constituido una "colaboración inestimable" en la conservación de estos espacios. Esta colaboración ha sido "continua" y "reconocida" por la Administración Gestora (Dirección General del Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad). hasta el año 2020 en que la entonces Dirección General de Sostenibilidad (Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad) decidió "prescindir totalmente" de la colaboración de los propietarios privados aprobando un Plan y un Programa de acción selectiva para la temporada 2021/2022 donde "no permitía la realización de ningún control poblacional (de ciervos y jabalíes) en fincas privadas".
"No hay que olvidar que la Naturaleza tiene sus propias Leyes que no se pueden modificar con normas dictadas obviando los procesos biológicos naturales. Las normas inadecuadas que ignoran los procesos naturales pueden generar desequilibrios y problemas", recalca la consejería.
Así, "los animales silvestres se rigen por sus propias normas de vinculación a determinados terrenos y de tránsito. Son territoriales. Es necesario actuar allí donde está el problema, no donde la Administración gestora decide desde los despachos".
"La reducción de las acciones de control a las fincas públicas del Parque Nacional supone que, en la mitad del Parque, de propiedad privada, no se realiza ningún control desde el año 2019, lo que ha ocasionado graves problemas sanitarios, medioambientales y económicos que parece que la Administración intenta eludir a pesar de la evidencia de los informes emitidos por sus propios técnicos", concluye el Ejecutivo.
