15 diciembre 2022
Ep.
El portavoz de la plataforma Salvemos la Montaña, Santiago Márquez, ha intervenido este jueves en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Cáceres, después de que en la sesión plenaria del pasado mes de octubre, algunos miembros quisieran entrar en el consistorio una vez empezado el Pleno y no se les autorizara su presencia en el salón de actos.
Ante esta situación, Márquez ha señalado que la plataforma se está planteando denunciar al alcalde Luis Salaya al entender que incumplió el artículo 542 del Código Penal al impedir ejercer un derecho ciudadano.
El texto del citado artículo asegura que "incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes".
"Creemos que eso es tipificable de delito y, en principio, a pesar de la gravedad, nos guardamos nuestro derecho en el futuro de poder ejercer acciones legales", ha señalado el portavoz de la plataforma, que ha reprochado a Salaya y al presidente de la Junta de Extremadura que "cenaran" hace unos días con los responsables de la empresa Extremadura New Energies (ENE). "Dime con quién vas y te diré quién eres", ha concluido Márquez.
Asimismo, ha recordado los perjuicios que supondría la construcción de una mina de litio en el paraje de Valdeflores, y la industria asociada, y ha arremetido contra ENE, de la que ha dicho que es "insolvente económica y técnicamente".
Al terminar su intervención, Salaya ha rechazado las "amenazas" de la plataforma, a la que ha invitado a presentar esa denuncia contra él para que pueda defenderse. El alcalde ha reprochado a Salvemos la Montaña que hace "una interpretación torticera" de la ley, ya que en el Pleno de octubre se cumplió el reglamento orgánico municipal.
"Si yo hubiese sabido que iban a entrar cuatro o seis personas no hubiera puesto ningún problema a que interrumpiesen ligeramente el Pleno, como no lo pongo habitualmente", ha dicho el regidor, que ha defendido una participación de los ciudadanos en el Pleno de forma "ordenada y libre, como lo ha sido hoy".
Dicho esto, Salaya ha espetado: "no voy a aceptar ninguna amenaza", y ha conminado a la plataforma que si creen que ha cometido un delito presenten "ya" una querella en los juzgados para que pueda defenderse algo que no puede hacer si esta afirmación se hace en redes sociales o en otros medios.
"No he cometido ningún delito y lo que usted ha dicho es una interpretación absolutamente torticera del Código Penal", ha zanjado. "No me amenacen con ejercer su derecho si mañana no les gusta lo que hago o no les gusta lo que digo. Ese no es el camino", ha insistido el alcalde que cree que la plataforma comete un "error" en este asunto.
Salaya ha vuelto a insistir en que el proyecto de construcción de mina debe someterse a la tramitación administrativa como cualquier otro proyecto empresarial y que sean los técnicos y los informes medioambientales los que diriman si es viable o no.
Además, ha conminado a la plataforma a abrir vías de diálogo con la empresa para conocer el proyecto y, en caso de que salga adelante, "mejorarlo" con sus aportaciones.
Respecto a la imagen de Fernández Vara y el alcalde sentado en una mesa con el director ejecutivo de ENE, Ramón Jiménez, Salaya ha aclarado que no fue una cena sino la entrega de unos premios al sector turístico y hostelero y la composición de las mesas las dispuso la cadena COPE, que entregaba los galardones.
A pesar de todo, el alcalde ha agradecido la labor que ha hecho la plataforma con su oposición a la mina de cielo abierto, que ha contribuido a que la empresa desistiera del proyecto inicial y opte ahora por una explotación subterránea.
"Yo ni defiendo ni dejo de defender el proyecto", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que hasta que no se conozcan los informes medioambientales no se podrá determinar si es positivo o no el proyecto.
"Ustedes pueden convertir esto en una batalla política contra mí y es absolutamente legítimo, y si creen que con la presión o amenazando van a hacer que cambie de postura y que me oponga a un proyecto sin conocerlo y sin que cumpla los trámites, se han perdido muchos capítulos, porque he demostrado que no me pliego ante la presión... y amenazarme no va a servir para nada", ha zanjado.
Salaya ha defendido que, si el proyecto sale adelante, el ayuntamiento estará "vigilando" a la empresa para que se desarrolle con todas las garantías y "sin daños para la ciudad". "No sé si va a salir adelante y ni siquiera sé si debe salir adelante, pero sí sé que no tengo la capacidad para saber si este proyecto trae más beneficios, pero sí tengo los conocimientos para sabe que tiene derecho a tener una tramitación completa y una valoración objetiva", ha concluido.
