01 septiembre 2021
La sección sindical de Acaip-UGT ha denunciado el déficit de personal sanitario en el centro penitenciario de Cáceres, que tiene asignado en su relación de puestos de trabajo 5 facultativos pero, en la actualidad, no dispone de ninguno de ellos en plantilla, ya que los dos empleados titulares que hasta ahora ejercían sus funciones se encuentran de vacaciones y a su finalización a lo largo del mes de septiembre se jubilarán.
Las alternativas que ha ido ofreciendo la administración para garantizar la cobertura sanitaria en la cárcel cacereña fue la contratación de una profesional interina, que en estos momentos se encuentra de baja maternal y, a día de hoy, la contratación de un facultativo durante tres meses a media jornada que "resulta del todo insuficiente", asegura el sindicato.
"Nos encontramos en una situación límite, debido a que de los cinco facultativos que tiene asignado de plantilla este centro no dispone en la actualidad ninguno, quedando los internos desatendidos sanitariamente por la inacción de la Administración", ha subrayado en nota de prensa, en la que recuerda que los internos en numerosos casos son personas inmunodeprimidas, con problemas mentales y enfermedades como hepatitis o VIH, que necesitan un seguimiento médico.
Acaip-UGT recuerda que se ha advertido "en numerosas ocasiones" que se podría llegar a esta situación, tanto a la Dirección del centro como a la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias (II.PP), si no se adoptaban medidas preventivas, como la asignación de plazas de facultativo en la oferta de empleo público.
Esta situación, según el sindicato, se produce de forma análoga en otros centros, aunque no llega a estos extremos, "debido a que el salario de estos profesionales es menor y el riesgo mayor que en la sanidad pública".
Finalmente, ha denunciado también "las pésimas condiciones laborales que sufre el colectivo de trabajadores penitenciarios por la falta de recursos humanos en otras áreas, como vigilancia interior o tratamiento, personal laboral".
Así, ha criticado la "promesa incumplida" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en julio de 2020, de que se iba a desarrollar y aplicar la Ley de Cuerpos, que incluiría entre otros puntos la declaración de agente de la autoridad para los trabajadores penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.
