16 abril 2021 | Publicado : 13:04 (16/04/2021) | Actualizado: 15:08 (16/04/2021)
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Un ciudadano cacereño ha interpuesto una demanda en los juzgados contra el Ayuntamiento de Cáceres, la Dirección General de Accesibilidad de la Junta de Extremadura y contra la Consejería de Sanidad por "inactividad" de la administración respecto a no dar una solución a las obras de accesibilidad que se acometieron en el entorno de la calle Alzapiernas y que no cumplen la normativa.
Este cacereño que tiene discapacidad visual ha presentado numerosos escritos ante varias instituciones denunciando que las actuaciones que se acometieron en la citada calle y su entorno no están sujetas a las normas de accesibilidad ya que, por ejemplo, las rampas instaladas superan la inclinación permitida y faltan elementos como barandillas y otras cuestiones que impiden el normal acceso de las personas con movilidad reducida por esta zona de la ciudad, que conecta la plaza de Obispo Galarza con el centro histórico.
Ahora, el asunto ha llegado a los juzgados y la administración local y regional tendrán que responder ante esta denuncia por falta de acción en solucionar este problema con prontitud. Desde el Consistorio cacereño se facilitará al juzgado que instruye la demanda toda la documentación y en su defensa alegará que se van a acometer varias actuaciones en la zona para corregir estos problemas de accesibilidad, como ya se había anunciado.
Cabe destacar que el alcalde cacereño, Luis Salaya, avanzó hace unas semanas que, a corto plazo, se acometerían "pequeñas actuaciones" para corregir esos problemas de accesibilidad pero se ha descartado volver a levantar la calle, en la que se instalaron unas escaleras mecánicas en un tramo de la vía.
"Seguimos sufriendo las consecuencias de la nefasta gestión del equipo de Gobierno anterior del PP en la ciudad respecto a esta obra a la que se opuso el PSOE cuando estaba en la oposición", ha manifestado este viernes el portavoz del Ejecutivo local, Andrés Licerán, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Licerán ha avanzado que, ante esta demanda, el Ayuntamiento de Cáceres "defenderá los intereses de los cacereños" ya que no se pueden "poner en riesgo" las ayudas de fondos europeos que se utilizaron en esta "desafortunada actuación", que superan los 500.000 euros. "Nuestro compromiso con la accesibilidad ha quedado demostrado... y para intentar solucionar este desastre de actuación en Alzapiernas, en los próximos presupuestos se han incluido dos partidas", ha anunciado el portavoz.
Así, se prevé una inversión de 5.000 euros para, conforme a los informes de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEx), "intentar corregir con actuaciones puntuales las incongruencias de la actuación", y otros 200.000 euros para transformar en plataforma única la calle Parras para hacer un itinerario accesible y conectar la plaza de Obispo Galarza a través de la calle Felipe Uribarri con el entorno monumental.
El proyecto de redacción de esta plataforma única en la calle Parras, que vendría a consolidar la peatonalización de esta vía, ya se ha encargado a los servicios técnicos municipales y, según ha indicado Licerán "será una de las primeras acciones que se puedan hacer una vez esté aprobado el Presupuesto".
"Este es el principal legado que nos ha dejado el PP en la ciudad, actuaciones como Alzapiernas que, cuando peor lo está pasando la ciudadanía, ponen en riesgo fondos propios del Ayuntamiento de Cáceres para corregir este desastre", ha concluido.
SOBRE LA OBRA
Cabe recordar que la obra fue ejecutada en la anterior legislatura y pasó por numerosas vicisitudes que mantuvieron nueve meses la calle Alzapiernas cerrada, lo que provocó las quejas de vecinos y comerciantes por las pérdidas que ocasionó a sus negocios. También se realizaron actuaciones en otras calles colindantes.
El actual Gobierno pidió un informe a la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura sobre las actuaciones que se habían ejecutado en las calles Alzapiernas, Sánchez Varona, Parras y Zurbarán, que concluyó que el proyecto incumple la ley de accesibilidad, tal y como ya había denunciado la misma persona que ahora ha presentado la demanda por la "inactividad" de las administraciones para corregir esos incumplimientos.
