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11 febrero 2020
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Medio centenar de funcionarios de prisiones se han concentrado este martes a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres en repulsa por las agresiones que viene sufriendo el colectivo.
Convocados por la asociación 'Tu abandono me puede matar', los funcionarios han registrado un escrito con sus peticiones al Ministerio del Interior que pasan por solicitar que se reconozca el principio de autoridad para los funcionarios de Instituciones Penitenciarias (IIPP), para ganar en seguridad en los trabajadores que están en contacto con los internos.
El año pasado se registraron en las dos cárceles extremeñas de siete a diez agresiones físicas pero no se contabilizan los insultos o faltas de respeto si no hay lesiones "graves", ha recordado Díez. "Los insultos le salen gratis a los internos", ha resaltado.
El portavoz regional de la asociación, Enrique Díez, ha recordado que las protestas se remontan a hace un año por la situación de los funcionarios que piden más medios para atender a los internos que, cada vez más, ingresan con patologías psiquiátricas asociadas, unas dedibo al consumo de estupefacientes y otras por falta de diagnóstico previo.
Díez ha señalado, en declaraciones a los medios, que también hay déficit de personal sanitario en los centros penitenciarios y ha pedido que se controle la medicación que toman los internos porque "está habiendo muertes debido a la ingesta masiva de medicamentos" como psicotrópicos o antidepresivos.
En cuanto al déficit de personal, en la cárcel de Cáceres se sitúa en torno al 35% y en la de Badajoz ronda el 28%, pero el problema es que la edad media de los funcionarios ronda, en el centro cacereño los 54-55 años, y en el pacense se sitúa en 52-53 años.
"No se renueva el funcionariado y eso acarrea un problema de números porque trabajamos en módulos con cien internos con solo dos funcionarios, cuando se necesitarían cuatro trabajadores", ha resaltado Díez, que recuerda que no todos los funcionarios tienen contacto con los internos, ya que muchos realizan labores administrativas.
Por ello, lo "verdaderamente importante" es quién trabaja en contacto con los internos ya que se necesita un aumento de esta plantilla. "Nuestras demandas son totalmente justas porque estamos en la Prehistoria penitenciaria y nos tienen abandonados. Si se hubiera hecho caso a estas demandas se hubiera mejorado la situación de los profesionale y, por tanto, la de los internos directamente. Ellos están deseando que nos den las reivindicaciones para tener ellos una mejor atención", ha concluido.
DÉFICIT DE FUNCIONARIOS EN CÁCERES
Por otra parte, el sindicato Acaip-UGT ha vuelto a incidir en el "grave déficit" de empleados públicos en el Centro Penitenciario de Cáceres. Así, en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) cuenta con 279 trabajadores, actualmente dispone de 178 efectivos y una pérdida 101 plazas, porcentualmente el 36,20% de carencias.
El área sanitaria cuenta con 5 médicos y 6 enfermeros en su RPT, pero en la actualidad dispone de 2 facultativos y 4 enfermeros, lo que supone respectivamente una pérdida del 60% y 33,33%. En el área de vigilancia interior, 41 efectivos menos, porcentualmente el 27,33% de carencia.
Mientras, en oficinas, hay 9 efectivos menos, porcentualmente el 27,33%. En el área mixta, 8 efectivos menos, porcentualmente el 53,33%
En el área de tratamiento, profesionales como jurista, psicólogo y educador, 6 efectivos menos, porcentualmente el 42,86% de su efectivos. De personal laboral, tiene una falta de 7 efectivos, lo que supone el 26,92% de pérdida.
Según el sindicato, los empleados del centro penitenciario cacereño, en estas condiciones de falta de personal "no pueden garantizar que la prestación del servicio público penitenciario se desarrolle con los criterios de calidad, eficacia y eficiencia", ni cumplir con las funciones encomendadas en base a la legislación vigente, la reeducación y reinserción social (artículo 25.2 de la Constitución) y la retención y custodia de detenidos, presos y penados (art. 1 de la LOGP)
Desde Acaip-UGT se solicita a la Administración que realice las gestiones necesarias para que destine el mayor número de funcionarios en prácticas cuando finalicen su periodo formativo que acaba de comenzar y asignen un mayor número de empleados a este centro en el próximo concurso de traslados.
"Estas dos medidas, junto con el nombramiento de agente de la autoridad, como tienen los colectivos de enseñanza y sanidad paliarían el aumento de agresiones que está sufriendo este colectivo", ha informado el sindicato en nota de prensa.
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