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Adenex y Ecologistas en Acción exigen el derribo de Isla de Valdecañas

Creen que las propuestas de Junta, propietarios y Diputación como alternativas al desmantelamiento del complejo son "inviables legal y ambientalmente".

15 noviembre 2019 | Publicado : 16:38 (15/11/2019) | Actualizado: 17:12 (15/11/2019)

Adenex y Ecologistas en Acción han trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que las propuestas de la Junta de Extremadura, de los propietarios y de la Diputación de Cáceres como alternativas al desmantelamiento del complejo Marina Isla de Valdecañas son "inviables legal y ambientalmente".

Y es que ambas asociaciones ecologistas consideran que no ejecutar las sentencias de nulidad supondría "vulnerar" el mandato constitucional del artículo 118 que establece que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".

Así pues, según afirman, la importancia de la conservación de este espacio "no reside solo en el valor ambiental" del mismo antes de la construcción del complejo, sino "en la forma en la que se integra" en el resto de la Red Natura 2000.

En este sentido, destacan que la finalidad de esta red de espacios protegidos es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en toda Europa, de tal forma que Extremadura es "la única región en la que se permite la construcción de un complejo de tales características" dentro de una zona ZEPA.

Estos espacios proporcionan "numerosos beneficios vitales" como el almacenamiento de carbono, el control de inundaciones o el mantenimiento de la calidad del agua, tal y como informan ambos colectivos ecologistas en una nota de prensa conjunta.

Una de las medidas fundamentales de la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea tiene el objetivo de mejorar la conciencia pública y la comunicación acerca de la Red Natura 2000, por eso es importante su preservación.

Las asociaciones ecologistas entienden que "el mayor fracaso" de la administración extremeña reside en su "falta de sensibilidad" ante un caso de "interés internacional, mostrándose incapaces de anteponer un interés común de protección del medio ambiente frente a un proyecto privado que genera un desarrollo de la economía local aún por demostrar".

A su vez, las alegaciones de la Junta de Extremadura y el resto de las partes "no han logrado desmontar la presunción de objetividad, imparcialidad y acierto" del informe del CSIC, un organismo oficial de "gran prestigio", en el que se concluye que la opción de mantener el complejo es "mucho más perjudicial" para el medio ambiente que su demolición.

Los peritos también se han pronunciado "categóricamente" sobre la necesidad de desmantelar todo lo construido sobre rasante como "única medida viable para reparar el daño causado" a los hábitats, las especies y el agua, de conformidad con lo que establece la Ley 26/2007 de Responsabilidad ambiental y el artículo 45 de la Constitución que ordena prevenir y restaurar los daños al medio ambiente.

RESTAURACIÓN DEL SUELO

Por otro lado, Adenex y Ecologistas en Acción han justificado en sus escritos al Tribunal Superior de Justicia que "no existen impedimentos legales ni ambientales" que impidan la ejecución de las sentencias en sus propios términos, y sostienen que una vez desestimado por el Tribunal el incidente de inejecución están "dispuestas a estudiar con las partes implicadas la forma en que se llevaría a cabo la restauración del suelo afectado a su estado original", en los términos señalados por el informe del CSIC para que resultase "lo menos gravosa para la sociedad y para el medio ambiente".

Por todo ello, las asociaciones ecologistas muestran su "satisfacción" con la decisión adoptada hace más de doce años de recurrir la aprobación del complejo Marina Isla Valdecañas.

Con ello, añaden, han contribuido a que se preserven de la "especulación urbanística" los espacios protegidos de la Red Natura 2000 europea, que son la garantía del mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos ambientales necesarios para la pervivencia de todos los seres vivos del planeta.

Por último, recalcan que si se hubiera atendido a sus peticiones en primera instancia "se podría haber evitado el perjuicio ambiental, económico y social que ha supuesto seguir adelante con este complejo", sentencian.

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