02 octubre 2024
Ep.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) va a asumir la redacción del proyecto técnico para la rehabilitación del Puente de Cantillana de Badajoz, y va a ejecutar la obra con un importe de 2 millones de obras en esta infraestructura declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Preguntado por novedades respecto a este asunto en una rueda de prensa junto al presidente de la CHG, Samuel Moraleda, para informar sobre los trabajos realizados para erradicar el nenúfar mejicano en el tramo urbano del río en Badajoz, Quintana ha remarcado que el puente es propiedad del Ayuntamiento de Badajoz, tras lo que ha señalado en todo caso que el compromiso del Gobierno para mejorar su situación es "claro".
Asimismo, ha explicado que la CHG "ha conseguido" unos fondos del 2 por ciento Cultural, de modo que, con un importe de 2 millones de euros, va a actuarse sobre este puente y ha destacado que, cuando se anunció en su momento que se iban a acometer estos trabajos, él mismo se puso en contacto con la Junta de Extremadura con la intención de que, dado que el puente "no es nuestro", "ejecutaran el proyecto" desde la administración regional.
"Nos tendrían que dar el proyecto para no perder los fondos europeos antes de final de año. Ese es el acuerdo al que se llegó en su momento", ha señalado, junto con que la Junta les ha comunicado recientemente que "no va a ser posible que hagan el proyecto".
En este sentido, ha recalcado que si no tienen proyecto no se podría hacer la obra y que la decisión tomada desde la Delegación y la CHG es que esta última se encargue del mismo, que ya está redactándose y que será asumido por la Confederación.
"Es decir, vamos a asumir el proyecto y vamos a ejecutar una obra de 2 millones de obras, sobre un puente declarado Bien de Interés Cultural, que es propiedad del Ayuntamiento de Badajoz", ha remarcado.
Al mismo tiempo e interpelado por si, en este caso, no se necesita el permiso pertinente, el delegado del Gobierno ha matizado que es un BIC, y que "tiene una diferencia jurídica".
