18 septiembre 2023
Ep.
El secretario provincial del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus, ha destacado que una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz "exime de cualquier viso de culpabilidad" a los concejales y también exalcaldes de Berlanga que fueron denunciados en su momento por Izquierda Unida, "10 años después de acusaciones, de persecuciones, de acoso".
De esta manera se ha referido a una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz en su sección primera, en la que absuelve "libremente" de las infracciones penales que se les imputaban a los acusados, entre ellos seis políticos socialistas y dos funcionarios públicos.
Acompañado de los exalcaldes de Berlanga Vicente Barragán y Juan Manuel Ortiz, Lemus ha recordado que en el año 2011, cuando el PSOE entró a gobernar en Berlanga, se encuentra con una "gran" deuda que había dejado el ayuntamiento gobernado por el hasta entonces alcalde, José Custodio, de Izquierda Unida, así como con que tenían que asumir dos deudas "principales", una de 500.000 euros por parte de una póliza, y otra de 550.000 euros por parte de un crédito.
A partir de ahí y coincidiendo con la crisis de esos años, el Ayuntamiento de Berlanga con Vicente Barragán como alcalde se puso en contacto con la Diputación para hacer un plan económico de viabilidad, el cual además de tener que llevar a cabo varios ajustes económicos incluía una serie de despidos en el consistorio, ha explicado, junto con que el exalcalde de IU por un lado y por otro esta última formación denunciaron a Barragán y a todos los ediles socialistas de ese momento, entre ellos Ortiz que fue luego regidor, por un presunto delito de prevaricación.
También eran acusados de "persecución política" contra una serie de trabajadores, de los cuales dos llevaron a los juzgados sus despidos, según Rafael Lemus, para quien "10 años después de acusaciones, de persecuciones, de acoso", en un pueblo en el que, dicho tiempo "de imputación" para los ediles socialistas "han sido 10 años de calvario para ellos y sus familias", la Audiencia ha dictado una sentencia que no es firme, pero en la que quedan "claro" una serie de cuestiones.
En primer lugar, ha remarcado, no admite los hechos denunciados; y en segundo reconoce que el plan económico en el que los denunciantes basaron su acusación "era necesario un año antes" de que entrara el Partido Socialista en el gobierno de Berlanga, por lo que IU no llevó a cabo dicho plan de viabilidad; mientras que en tercer lugar ha resaltado que Vicente Barragán cumplió las sentencias de los juzgados de lo Social que obligaban al ayuntamiento a volver a contratar o indemnizar a varios de los trabajadores despedidos que denunciaron.
No obstante, Rafael Lemus ha recalcado como "lo más importante" que la Audiencia no aprecia "intencionalidad política alguna discriminatoria en los despidos", "es decir que la justicia prueba de manera clara que ninguno de los despidos que se llevó a cabo se hizo con una intencionalidad política", al tiempo que es una sentencia "tan clara" que "llega a cuestionar la actitud del exalcalde, el señor José Custodio, durante el juicio por sus contradicciones" y su testimonio durante el mismo.
"Si bien no es firme, creo que queda muy claro y queda probado que hubo una intencionalidad política principalmente por Izquierda Unida y por el señor Custodio para intentar desgastar la imagen de nuestros compañeros socialistas", ha reafirmado Lemus, que ha querido lanzar un mensaje "de responsabilidad" a los partidos que tienen ediles en los diferentes municipios extremeños al exponer que es la tercera sentencia judicial en los últimos tres años, en los que varios exalcaldes socialistas "han salido completamente inocentes de diferentes causas judiciales".
En este sentido, ha defendido que el trabajo y la responsabilidad en un ayuntamiento no tiene que ser "castigada de manera judicial" por parte de los partidos que están en la oposición, y que es "bueno" para la democracia el que se denuncie a algunos políticos cuando se cuenta con "claros" indicios de ilegalidad, pero "muy malo" para la misma "utilizar la justicia para derrocar y para perseguir políticamente a los políticos".
SENTENCIA "CONTUNDENTE" Y "FUNDAMENTADA"
Por su parte, Juan Manuel Ortiz ha planteado que, después de los 109 folios de la sentencia de la Audiencia, "se hace por fin justicia" tras estos años "de persecución política" y que la misma es "contundente, fundamentada" y "viene a acabar con uno de los episodios sin duda más negros de la política" en Berlanga y a nivel provincial, tras lo que ha sostenido que es la última de 17 querellas presentadas por distintos motivos contra los dirigentes socialistas.
Igualmente, ha agregado, es "la que ha hecho más daño político" dado que tanto IU como el PP han hecho de la misma "su caballo de batalla" para conseguir "desbancarles" del gobierno municipal en las pasadas elecciones locales, y que se trata de una querella "montada, sin duda, en falsedades e incongruencias" y que "nunca" debía haber llevado a ocho personas, entre ellos seis políticos y dos funcionarios públicos, a la Audiencia Provincial.
Asimismo, Ortiz ha apuntado que el juicio ha servido para "esclarecer" cuestiones tales como que Custodio dijo "reiteradamente" que la situación económica que dejó en el ayuntamiento a su salida en 2011 "era buena", cuando en el juicio "se ha demostrado" que los "desajustes" que tenía en su último presupuesto en 2010 "ya obligaban" a la realización de un plan económico-financiero, el cual el propio Custodio, según han "descubierto" a raíz del referido juicio, solicitó a la diputación.
Y es que, como ha incidido, los testigos y diferentes técnicos que declararon en el juicio demuestran que los socialistas heredaron un ayuntamiento "sin recursos y cargado de deudas, fruto de la nefasta gestión que realizaron Izquierda Unida y el PP durante esos dos años de gobierno"; tras lo que ha apuntillado que Custodio tendrá que explicar a los berlangueños en qué se gastó casi 500.000 euros que debían haberse dedicado a la construcción de una residencia de ancianos aunque se destinaron, según un informe pericial, a amortizar gastos corrientes del ayuntamiento.
También ha tomado la palabra Vicente Barragán, alcalde entre 2011-2015, que ha ahondado en que una vez llegaron al ayuntamiento y realizada la liquidación del presupuesto tuvieron que hacer un plan de ajustes que la ley les imponía, y que tuvieron que llevar a cabo medidas "impopulares" y "muy desagradables", incrementar impuestos y tasas o amortizar algunos puestos de trabajo "porque había que equilibrar esas cuentas".
Así y después de estos 10 años de imputación en los que han sufrido un desgaste personal y económico, estudiarán las posibles acciones a tomar "ahora" para resarcirse "de todo este tiempo de penurias", según Barragán, que lamenta que esto hizo "daño" a los políticos, pero también a dos funcionarios, el tesorero y la secretaria-interventora, "que lo único que hicieron fue cumplir con su trabajo" y a quienes, por otro lado, no conocían, a la vez que ha sumado que la "acusación" que "montaron" cree que era "una cortina de humo para esconder su mala gestión".
