13 enero 2023
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Así, lo ha subrayado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ante las críticas por el hecho de que la ciudad no se acoja a las ayudas al transporte público urbano del Gobierno.
Lo ha señalado, después de que la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y la portavoz de Unidas Podemos Badajoz, Erika Cadenas, hayan criticado este viernes la decisión del ayuntamiento de la capital pacense de no acogerse a esta ayuda al transporte urbano puesta en marcha por el Gobierno de coalición.
Para el alcalde de Badajoz, "no es que no tenga dinero" el consistorio, sino que el no acogerse a esta medida "lo hace por responsabilidad con la concesionaria", al hilo de lo cual ha querido realizar una "lectura" que ve "fundamental" como que el gobierno del Ayuntamiento de Badajoz durante estos cuatro años ha bajado impuestos a los ciudadanos de la capital pacense y el Gobierno de España los ha subido.
Según Gragera, "que una medida temporal de seis meses la tomen como bandera electoral o como bandera política o arma arrojadiza me parece de un cinismo escandaloso".
Además, ha añadido que "entre otras cosas porque toda esa ayuda que dicen que van a poner encima de la mesa para estos seis meses no es, ni con mucho, una pequeñísima parte de todo lo que, a través de las subidas generalizadas de impuestos, los ciudadanos españoles, los que más lo necesitan y los que menos lo necesitan, tenemos que pagar".
Al respecto, ha destacado que, a día de hoy, los vecinos de Badajoz pagan menos en la ciudad por sus impuestos "gracias al esfuerzo del ayuntamiento", algo que "otras ciudades no han hecho" por lo que "las situaciones no son equiparables".
EL DÉFICIT DE TUBASA
También ha hecho hincapié en que desde la oposición municipal repiten al gobierno local que no se puede aumentar el déficit de la concesionaria del autobús y ha detallado que el PSOE dice que no se puede incrementar dicho déficit de Tubasa, y que no se puede realizar "ni un solo esfuerzo, ni un solo gasto más", y que, asimismo, han pedido resolver la concesión para volver a sacarla.
Por contra, ha matizado que, ahora les piden que sigan aumentando ese déficit y que sigan aumentando esa problemática que tiene el de Badajoz y "todos los ayuntamientos con la concesión de autobuses", a la vez que ha sostenido que en el equipo de gobierno son "responsables", "consecuentes" y "sobre todo respetuosos con el equilibrio financiero presupuestario del ayuntamiento".
"¿El ayuntamiento podría asumir ese porcentaje? Sí, podría asumirlo. ¿El ayuntamiento confía que el Gobierno va a cumplir con sus compromisos? No, el ayuntamiento no confía, por tanto lo que queremos es que si esa medida va a ser una medida real y efectiva que la prolonguen en el tiempo, que no la limiten a seis meses y luego otros seis", ha remachado Gragera, para quien "eso es un parche, eso no sirve a nadie".
Además, "por supuesto" no genera confianza ni en los usuarios del transporte ni en las entidades locales que tienen que, finalmente, "adelantar todo ese dinero a la espera de que el Gobierno decida ingresarlo cuando ellos consideren".
Sobre esto último, ha matizado que este jueves ha estado haciendo la consulta y que la ayuda correspondiente a esta misma medida puesta en marcha en 2022 se pagó por parte del Gobierno a primeros de año, "ahora hace escasos días", cuando era "algo que tenían que haber abonado el 1 de septiembre", según ha planteado.
De este modo, a los ayuntamientos que están en una situación de déficit con la concesionaria de autobuses les "perjudica" y tienen que intentar "tirar" con ahorro y "esfuerzo municipal" medidas que luego son "más", en su opinión, "propaganda política de un Gobierno que, si realmente estuviera comprometido con la sostenibilidad del transporte público, aumentaría las ayudas directas".
Y "por supuesto", ha concluido, esta medida que hace por seis meses la prolongaría en el tiempo para que fuera una propuesta "consolidada" y que, "por tanto", pudieran tener todos "la seguridad" de que esa medida "realmente va a estar bien financiada" y "bien encajada" y sobre todo que las entidades locales puedan reconfigurar el servicio, recalcando que, "de seis meses en seis meses no deja de ser una propuesta electoralista".
