05 mayo 2020
Ep.
El Colegio Provincial de Procuradores de Badajoz ha rechazado la habilidad de 15 días de agosto para la recuperación de la actividad judicial, una medida que figura en el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno y que consideran "inconstitucional, ineficaz, discriminatoria y populista".
Entre las alternativas, los procuradores plantean que este año las vacaciones de todo el personal de la Administración de Justicia se concentren en agosto y que, hasta diciembre, una vez levantado el estado de alarma, se habiliten las tardes para la celebración de vistas, audiencias previas y juicios.
Al mismo tiempo, han trasladado a los familiares de las víctimas del Covid-19 su pésame y la disposición del Colegio para ayudarles en todo aquello que precisen, según indica el Colegio de Procuradores de Badajoz en una nota de prensa en la que ha explicado que su Junta de Gobierno, reunida en sesión extraordinaria, considera "contraria a la realidad" la afirmación del Gobierno de que las medidas han sido producto del consenso alcanzado con las distintas administraciones y operadores que interviene en la justicia.
Para ello, han puesto como ejemplo el "absoluto rechazo" a la habilidad de 15 días de agosto por parte de todas las profesiones liberales que colaboran con la Administración de Justicia, cuando agosto es el único mes, legalmente establecido, del que disponen para el descanso vacacional, a la vez que han recordado que las vacaciones son un derecho reconocido en el artículo 24 de la Declaración de Derechos Humanos y en el artículo 40.2 de la Constitución española.
Del mismo modo, han considerado que esta medida, además de "inconstitucional", es "ineficaz, discriminatoria y populista" y que, en concreto, es "ineficaz" porque "en solo 15 días no se pueden realizar y celebrar todas las actuaciones procesales suspendidas por el estado de alarma y de las que aún no se sabe el número".
"Y, entre otras razones, es ineficaz también por la dificultad de citar en agosto, mes vacacional, a testigos, peritos, etc. estando también afectado por el periodo de descanso el personal de Correos que entrega las citaciones", ha hecho hincapié.
Asimismo la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Badajoz no cree que para esa fecha se hayan adoptado en todo el territorio nacional las medidas de seguridad necesarias para su desarrollo, como también considera "discriminatoria" la mencionada medida porque "suprime" el derecho de abogados, procuradores y graduados sociales, mientras "respeta" el de jueces, magistrados, LAJ (Letrados de la Administración de Justicia), fiscales y demás funcionarios de justicia que pueden disfrutar de su descanso fuera del mes de agosto.
"Una vez más los gobiernos olvidan que el servicio que prestan a los ciudadanos a través del Ministerio de Justicia depende esencialmente de trabajadores autónomos. Sin los abogados, procuradores y graduados sociales no habría servicio de justicia que ofrecer a la ciudadanía", ha agregado, junto con que, si se limita cualquier derecho a estos profesionales, se está limitando a los ciudadanos que acuden a la justicia representados por ellos.
El citado colegio también ve "populista e insolidaria" esta medida "porque se busca, únicamente, el apoyo de todo el personal funcionario que interviene en la Administración de Justicia sin imponerle sacrificio alguno".
"El único sacrificio se impone a los profesionales autónomos, a los que se condena, junto a sus familias, a no disfrutar de vacaciones estivales este año", ha manifestado.
Entre las alternativas que plantea la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores, figuran que, en este año, las vacaciones de todo el personal de la Administración de Justicia se concentren en agosto, y que hasta diciembre, una vez levantado el estado de alarma, se habiliten las tardes para la celebración de vistas, audiencias previas y juicios.
Además, han pedido que sean notificadas a los Consejos Generales de la abogacía, procura y graduados sociales, así como a sus respectivos colegios, las medidas de seguridad adoptadas en las salas de vistas.
También abogan por que se vigile y notifique, con la antelación suficiente, que las personas que deban comparecer a vistas y juicios estén debidamente citadas y, como último punto, han pedido que se cumpla con el horario, a la vez que se suman a los comunicados y requerimientos que en este sentido han realizado los consejos generales y colegios de los colectivos profesionales afectados.
