Mérida
Unidas por Mérida propone que el remanente de 2023 se destine a ayudas de comedor escolar
Se incluye la creación de un servicio municipal de monitores de ocio y tiempo libre; así como ampliar y reforzar los contratos de limpieza de colegios.
El Grupo Municipal de Unidas por Mérida ha planteado siete propuestas a las que destinar los fondos del remanente de tesorería de la liquidación del presupuesto de 2023, entre las que contempla una ayuda complementaria a los gastos de comedor escolar o un plan de alquiler social.
Asimismo, en la propuesta presentada en Junta de Portavoces se incluye la creación de un servicio municipal de monitores de ocio y tiempo libre; ampliar y reforzar los contratos de limpieza de centros municipales y de colegios; mejorar el mantenimiento de los colegios, y creación de zonas sombreadas en los patios; ampliar zonas de sombra en áreas urbanizadas y parques infantiles, y la ampliación de las plantillas del personal de mantenimiento de instalaciones deportivas.
Sobre la creación de una ayuda económica complementaria municipal, Unidas por Mérida pretende así garantizar la universalidad de los gastos de comedor de los alumnos matriculados en los colegios públicos, después de que en el inicio de este curso académico la Junta de Extremadura "eliminase la gratuidad universal", lo que ha generado "diferencias importantes a la hora de baremar qué familias podría acceder al servicio durante este curso".
En este sentido, se trataría de una ayuda complementaria de competencia municipal, al igual que otras existentes, como las ayudas de libros de texto y material escolar, tal y como explica la formación en una nota de prensa, que añade que esta propuesta ya fue registrada por el grupo municipal en dos formatos en los meses de septiembre y de octubre de 2023, y que aún están pendiente de valoración e informe por parte de las concejalías competentes.
Respecto al plan de alquiler social para luchar contra la situación de abuso en los precios de alquiler de vivienda, propone además que el ayuntamiento inste a la Junta a hacer uso de la declaración de zonas tensionadas para poder aplicar medidas que la Ley Estatal de Vivienda ofrece a las comunidades autónomas.
A colación de esto último, insta al Ayuntamiento a crear "una especie de banco o parque público de vivienda en alquiler" destinadas a rentas bajas, medias bajas, y con ingresos "más precarios, que no pueden acceder a los precios abusivos actuales de la vivienda".
En un primer momento, añade la formación, se canalizaría a través de ayudas directas, para después tender a la creación de un parque o banco estable de viviendas públicas. La estimación de esta medida, en este primer momento, puede basarse en el cálculo de ayudas de 400 euros, al alquiler social para 50 familias y/o jóvenes, ascendiendo a una cantidad total aproximada de 250.000 - 300.000 euros.
Finalmente, en cuanto al servicio municipal de monitores de ocio y tiempo libre, sugieren que permitiría ampliar la oferta de talleres infantiles y juveniles, de una manera "más estable y sólida", ya que, habiendo una demanda de 85 plazas, sólo se atienden 15 plazas actualmente.