La Junta invertirá 77,6M€ en la contratación de 930 plazas de atención sociosanitaria

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la contratación del servicio de 930 plazas de atención sociosanitaria Tipo Dos (T2) y Tipo Tres (T3), por un importe de 77.626.189 euros para un periodo de tres años, prorrogables por dos años más.

En concreto, según señala el Ejecutivo regional, las T2 son unidades de atención sanitaria continuada a personas dependientes que requieren cuidados sanitarios continuados, no curativos ni intensos, en personas altamente dependientes y que necesitan cuidados o supervisión prolongada dentro de un contexto sanitarizado.

Por otra parte, los T3 son Centros de Atención a la Dependencia destinados a personas que requieren de recursos residenciales de atención y rehabilitación de la dependencia.

GESTIÓN DE LAVANDERÍA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación mixta de suministro y servicios para el arrendamiento, sin opción de compra, y la gestión integral de lavandería, mantenimiento y logística del vestuario del personal sanitario de urgencias de Atención Primaria de Extremadura, por un importe de 1.069.907 euros.

El contrato engloba el arrendamiento, sin opción de compra, de toda la dotación del vestuario laboral, así como el servicio integral de lavandería, higienización, desinfección, planchado y reparación de este vestuario.

La finalidad de este expediente es que el personal sanitario tenga cubiertas sus necesidades de vestuario con el equipamiento de protección individual (EPI) exigible conforme a la normativa actual.

SERVICIO DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

Finalmente, el Ejecutivo ha autorizado la contratación, por procedimiento abierto, del servicio de intervención terapéutica para menores y adolescentes que han vivido experiencias de adversidad temprana y pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección a la Infancia en Extremadura, por un importe de 1.240.668 euros que será cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Señala el Ejecutivo regional que la Ley de Protección y Atención a Menores establece que la declaración de desamparo del menor comportará necesariamente que la Junta de Extremadura asuma la tutela de forma automática y adopte las medidas cautelares que sean necesarias.

Así, el Sistema de Protección a la Infancia de Extremadura debe disponer de un servicio que permita la valoración del daño y las capacidades de los menores que se encuentren adscritos, ya que "pueden presentar desajustes emocionales o conductuales por la situación de desprotección sufrida, por las adversidades asociadas a la vivencia de separación del menor de su familia de origen, como medida protectora, y por la existencia de dificultades severas o cronificadas en la convivencia", concluye.