Junta da primeros pasos para crear Banco de ADN para identificar a víctimas del franquismo

Ep.

La Junta de Extremadura ha dado los primeros pasos, en concreto ha realizado un "primer contacto", con los institutos de medicina legal y ciencias forenses de Cáceres y Badajoz para establecer las bases para la creación de un banco de ADN.

El objetivo de esta base de datos, recogida en la Ley extremeña de memoria democrática de 2019, tiene como objetivo "la identificación y el cuidado genético de las víctimas", como así han solicitado al gobierno extremeño "desde el primer día" las asociaciones memorialistas, según ha explicado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

En este punto, Bazaga le ha reprochado al diputado socialista Ricardo Utrera, durante una interpelación en la Asamblea de Extremadura sobre la política general de la Junta en materia de memoria histórica, que en 36 años de gobiernos del PSOE en la comunidad no se haya dado este paso antes.

Asimismo, ha anunciado otra novedad en relación con la exhumación de las víctimas, en concreto que la Dirección General de Patrimonio está preparando una convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva a ayuntamientos para actividades en materia de memoria histórica.

Actualmente se estudia el borrador de las bases de esta convocatoria que se financiarán con los fondos del Consejo Territorial de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, cuya cuantía por el momento se ignora, ha dicho Bazaga, quien ha subrayado que el procedimiento estará abierto a "todos los ayuntamientos en igualdad de condiciones, no como hasta ahora, que era a dedo", le ha espetado.

UNA LEY "PARA TODAS LAS VÍCTIMAS"

La consejera ha justificado asimismo la intención del gobierno extremeño de derogar la actual Ley de memoria democrática de Extremadura, aprobada en 2021, y sustituirla por la "ley de la concordia", un texto legal que "no enfrente a los extremeños", que no los divida, sino que sirva para unirlos, ha dicho.

Una legislación que "reconozca y honre a todas las víctimas, sin discriminación entre ellas, una ley que aparque el odio", ha insistido Bazaga, quien ha recriminado a los socialistas que defiendan una ley, la de 2019, que "no es correcta y no responde al deseo de honrar a todas las víctimas".

"Esta ley atenta contra el espíritu de reconciliación de todos los españoles que inspiró la transición democrática de nuestro país", ha espetado la consejera, para recriminar a los socialistas que "viven alrededor del victimismo", el cual es "su único argumento junto con las cortinas de humo".

En este punto, ha pedido a los socialistas que si quieren continuar con esta estrategia al menos "no lo hagan valiéndose de las víctimas". "No engañen para su provecho. No les mientan. Trabajen con nosotros para que se prospere en todos los sentidos", le ha propuesto.

Y es que, tal y como ha señalado, el anterior gobierno socialista extremeño no desarrolló la ley aprobada en 2019, en tanto que no se creó el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática, ni el Consejo de la Memoria. Tampoco se ha realizado el censo de las víctimas, una "herramienta fundamental", ni el registro de asociaciones o el citado banco de ADN.

Frente a ello, el ejecutivo extremeño mantiene un compromiso "tangible" con las víctimas que certifica "con hechos", como los contratos de excavaciones de fosas en los cementerios de Fuentes de León, Miajadas y Villanueva de la Serena, por un importe de 259.544 euros.

Otra de las iniciativas desarrolladas en el primer trimestre de este año es la colaboración para la localización de familiares de presos extremeños represaliados en el penal de la Isla de Formentera, para lo cual han enviado cartas a 50 ayuntamientos y asociaciones para recabando información sobre posibles familiares que coincidan con la lista de víctimas facilitada por el gobierno balear.

"Este Gobierno atiende a las víctimas, a las familias y a las entidades, y además los cuidamos", ha asegurado Bazaga, quien ha asegurado que "diariamente" atiende consultas, solicitudes y demandas de familiares y víctimas y asociaciones y de otros colectivos, así como asiste a actos de reparación y homenajes en representación institucional.

COLABORACIÓN DEL PSOE PARA DESARROLLAR LA LEY

Por su parte, el diputado socialista Ricardo Utrera ha expuesto la disposición de su grupo para colaborar con el Gobierno extremeño a fin de desarrollar "plenamente" la actual ley en lugar de derogarla para aprobar una nueva norma para la cual el PP necesita el apoyo de su socio de gobierno, Vox, ya que no tiene la mayoría suficiente en el parlamento autonómico para sacarla adelante en solitario.

En este sentido, le ha advertido que, de seguir adelante con sus planes en este sentido, los 'populares' serán recordados como "cooperadores del mayor desprecio a las víctimas de la barbarie fascista".

Y es que, tal y como le ha recordado desde la tribuna, Bazaga es la consejera de Cultura de "un gobierno con la extrema derecha", y esto es algo que "aunque intente disimularlo, no puedo ocultarlo". Una afirmación que no solo responde a una "cuestión estética", sino que se enmarca en "su discurso y por sus políticas".

"Bajo su mandato ha vuelto a censura, ha vuelto la sospecha y ha vuelto la oscuridad", le ha espetado Utrera, en alusión a la cancelación de "alguna obra de teatro" o las "posibles incompatibilidades no aclaradas todavía" de cargos de su consejería.

A todo ello suma la "mentira" reiterada por el actual Ejecutivo extremeños con respecto a que la actual ley de memoria democrática "no reconoce a todas las víctimas", motivo por el cual le ha recomendado que se la lea.

Sobre la futura ley que prepara el gobierno de Guardiola, ha dicho que por el momento lo "único" que saben es que el PP tiene "un acuerdo con la extrema derecha para derogar la actual ley", y que este pacto "no les va a salir gratis", le ha advertido.

Finalmente, ha expuesto que cada día se evidencia más que "el franquismo sigue muy presente en cuerpo, alma y espíritu" en el parlamento y en el gobierno extremeños.