Extremadura, entre CCAA con mayor retraso para lograr valoración del grado de discapacidad

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Canarias y Extremadura son las dos comunidades autónomas que acumulan mayor retraso para obtener la valoración del grado de discapacidad y que asciende a 2 años, seguidas de Andalucía y Castilla-La Mancha, con 18 meses.

Las causas principales son la escasez de personal, seguida de "un procedimiento lento y difícil". Este es uno de los datos que se extraen del informe 'CERMI Espacio Digital. Territorios conectados' elaborado a partir de información obtenida por los CERMIS autonómicos en el que se analiza el tiempo medio para obtener la valoración del grado de discapacidad, desde que se solicita, en comunidades y ciudades autónomas.

El informe examina el tiempo máximo en meses para emitir resolución en 2023. El plazo máximo oscila entre los 2 años de Canarias y Extremadura y los 18 meses de Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, los cinco territorios que acaparan mayor tardanza.

En concreto, y diferenciando los datos por provincias/ciudades, el informe revela que Badajoz, Cádiz y Granada, Albacete y Toledo y Avilés son los que mayor dilación en el tiempo presentan a la hora de conseguir el grado de discapacidad.

En cambio, Castilla y León (con cuatro meses) es la comunidad autónoma con menos demora, seguida de País Vasco (5), Comunidad de Madrid (9), Comunidad Valenciana (10), Navarra (11), Galicia y Cantabria (12), Aragón (13), Cataluña (14 meses), Baleares (15) y Murcia (16).

El 94,74% de los territorios tiene como causa principal de esta demora la escasez de personal y el 78,95% se debe a la existencia de procedimientos lentos y complejos.

Según este informe, la insuficiencia de centros no es una causa tan determinante en el retraso en la valoración, siendo esta del 36,84%.

El CERMI Estatal remitirá este informe al Defensor del Pueblo con la petición de que investigue estas dilaciones, que causan un enorme perjuicio a las personas con discapacidad y a sus familias, ya que la valoración de la discapacidad es la puerta de acceso al sistema de apoyos y prestaciones de las Administraciones Públicas que se reciben por razón de discapacidad en España.