Los planes Cohesion@ y Suma + de Diputación de Badajoz inyectan a la economía 171 millones

Una de las “señas de identidad” de la Diputación de Badajoz es el desarrollo de planes de concertación provincial. Desde hace ya unos años los lanza con la máxima de que “los ayuntamientos de la provincia puedan destinar los fondos que les trasfiere para realizar, fundamentalmente, inversiones y para dedicar esas subvenciones a los gastos de naturaleza corriente como, por ejemplo, la contratación de personal que pudiera ser más relevante”.

Así pues, centrándonos en la actual legislatura, esta política pública de desarrollo de planes provinciales “ha sido, tal vez, la más intensa desde el punto de vista histórico, puesto que ha habido unas cifras históricas” en el desarrollo de los cuatro planes Cohesion@. Para muestra, un botón: en el de 2020 había 14 millones de euros presupuestados; en el de 2021 la cifra ascendió hasta los 22 millones; 20 millones en el relativo a 2022; mientras que en el de 2023, aprobado recientemente, la dotación es de 22 millones.

A todos ellos, hay que sumar el Plan Suma +, con una dotación de 20 millones de euros, y que fue diseñado por la Institución provincial pacense para “aliviar, de alguna manera, las consecuencias de la pandemia de la Covid-19”. Así lo asegura el director del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz, José Carlos Cobos, en una conversación con Regiondigital.com, en la que subraya que este programa específico “intentó ayudar a resolver esos problemas tan importantes que produjo la crisis sanitaria” en distintos sectores de la sociedad.

INCORPORACIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD

Concretamente, el efecto global que han tenido estos planes Cohesion@ ha sido “tremendo”, porque durante esta legislatura se ha incorporado una novedad en la articulación y el diseño de los planes provinciales, que es la corresponsabilidad. Ésta consiste, según sus palabras, en que la Diputación destina de sus fondos propios unas aportaciones que son “muy intensas”. Y es que, “estos son los planes de subvenciones más importantes” que tiene la Institución provincial pacense durante cada uno de los años, “a mucha diferencia del siguiente”.

De hecho, para intentar que el impacto “sea mayor”, tal y como destaca Cobos, se ha considerado que los ayuntamientos llevaran a cabo una corresponsabilidad “siempre basada en la justicia y en el sentido de considerar que los ayuntamientos que menos tienen son los que menos tienen que aportar a esa dotación; con lo cual hemos conseguido que esa aportación de fondos propios de las cifras comentadas se haya multiplicado como consecuencia de esa aportación de corresponsabilidad”.

También hay que tener en cuenta que aparte de esas cifras como tal “frías, pero muy importantes de destino”, se ha producido un impacto en la economía que “va más allá de la propia inversión”. Precisamente, esto también se ha propiciado mucho desde el Área de Fomento de la Diputación durante la presente legislatura, en cuanto a que se quería introducir en el diseño de los planes, “el análisis del efecto que realmente han tenido cada uno de ellos con una doble vía”. En primer lugar, “para diseñar mejor los planes sucesivos”, y en segundo lugar, “para saber realmente cuál ha sido el impacto real que han tenido esos planes”.

En este sentido, según Cobos, ha habido un proceso de valoración “muy intenso” respecto a qué ha supuesto cada uno de esos planes, e incluso han diseñado con la ayuda de la Universidad de Extremadura (UEx) un modelo “de carácter econométrico”. Es decir, “hemos querido incorporar al efecto directo de la inversión, el efecto indirecto y el efecto inducido”. Así, según sus palabras, el efecto indirecto “es el impacto que han tenido esas inversiones entre los sectores intermedios; así, por ejemplo, si prioriza una obra en un ayuntamiento, evidentemente esa obra altera y beneficia a los sectores, no solo a la propia empresa que realiza la obra, sino también a la empresa que suministra los materiales, etc.”.

A su vez, el efecto inducido “es que el incremento de capital y el incremento de salario que produce el Plan Suma + generan un efecto en la renta de los ciudadanos de la provincia y de las empresas, que permiten de alguna manera que consuman más de lo que realmente consumirían si éste no existiese”. Por tanto, se trata de una cuestión “absolutamente novedosa, no solamente en la Diputación de Badajoz, que lo es, sino también una cuestión distinta a cómo normalmente se diseñan las políticas públicas, intentando que haya un análisis claro de qué supone esa inversión”.

LOS PLANES TRASLADAN A LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA 171 MILLONES

De hecho, los datos que desde el Área de Fomento de la Institución provincial pacense se han generado durante estos años de legislatura “son muy positivos”, en el sentido de que durante esta legislatura en los planes de concertación provincial -planes Cohesion@ y Plan Suma +- se han invertido 98 millones de euros, “pero esos planes han trasladado a la economía un total de 171 millones de euros, teniendo en cuenta el efecto directo que es el propio de la inversión, el efecto indirecto de los sectores intermedios -entre los que les afecta de modo indirecto la inversión- y luego el efecto inducido de la renta”, argumenta Cobos.

A colación de esto último, y utilizando unos términos más claros, precisa que “cada euro que realmente ha invertido la Diputación de Badajoz en esos planes se ha convertido de alguna manera en 1,81 euros en las economías de las entidades locales de la provincia”. Prueba de esa sensibilidad de la que siempre hace gala se ha visto reflejada en el diseño del último Plan Cohesion@ 2023, presentado el pasado 8 de noviembre, y cuyas bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) un día después, puesto que utiliza créditos presupuestarios del año 2022 y 2023, “por 12 y 10 millones de euros, respectivamente”.

En relación al mismo, Cobos detalla que de alguna manera lo que se ha querido hacer sacando este avance del Plan Cohesion@ 2023 –que normalmente se suele publicar en verano, aproximadamente, en mayo o junio-, es “ayudar a los ayuntamientos que están sufriendo el problema de la crisis de Ucrania, con un elevado alza de precios que está en torno a un 25-30 por ciento; con un elevado incremento de los combustibles, así como de la electricidad”.

Por eso, y para que los consistorios puedan liquidar y cerrar sus presupuestos, se ha considerado adelantarlo “con 22 millones de fondos propios y 4,68 millones de corresponsabilidad, lo que hará un total de 26,68 millones que irán destinados directamente a la provincia con una cuestión muy importante, y es que la Diputación articula la traslación de esos fondos desde un punto de vista de discriminación positiva hacia los ayuntamientos más pequeños”, apostilla.

A este respecto, el responsable subraya que el importe de euro por habitante es mayor, mientras menor sea la población del municipio y, de alguna manera, eso lo que hace es “contribuir a garantizar la lucha contra la regresión demográfica y que los que menos tienen son los que más fondos pongan”. Para ello, “son los propios ayuntamientos los que van a decidir hacia dónde va el dinero, no ponemos ningún tipo de cortapisa y el objeto de estos planes provinciales son cualquier tipo de inversión y cualquier tipo de gasto corriente, desde pagar facturas atrasadas a contratar nuevo personal”, insiste.

EL PLAN COHESION@, UNA REALIDAD DESDE EL AÑO 2016

Cabe recordar que el Plan Cohesion@ es una realidad en la provincia desde el año 2016, lo que pasa que ha tenido nombres distintos –como es el caso de Planes Dinamiza-. A través del mismo, la Diputación traslada subvenciones a los ayuntamientos para que puedan destinar esos fondos que reciben a inversiones o gastos corrientes que consideren urgentes. Así pues, el objetivo fundamental que tiene el principal plan de concertación provincial que tiene la Institución provincial pacense va orientado hacia los consistorios con esa discriminación y ese beneficio para las entidades más pequeñitas, las que tienen menos población.

En definitiva, persigue “ofrecer subvenciones a los ayuntamientos para que puedan ellos mismos, de forma autónoma, garantizando el principio de autonomía local -que es un principio constitucional- destinarlos a donde ellos quieran”. Es decir, se trata de inversiones productivas de cualquier tipo, así como destinarlos a gastos corrientes para realizar un centro cultural, un polideportivo, renovar la red de abastecimiento de agua…

“Hay un catálogo de inversiones muy amplio al respecto. Los ayuntamientos destinan el dinero a múltiples tipos de inversiones. Y luego hay otros que quieren destinarlos a crear empleo, y otros que están muy ajustados a nivel presupuestario y lo destinan a pagar facturas a las que no llegan con sus propios créditos; es un plan muy abierto, tiene un diseño para que los ayuntamientos puedan decidir libremente si quieren destinar los fondos a inversiones que consideren prioritarias o a gastos corrientes que consideren prioritarios”, incide.

En este punto, cabe destacar que al Plan Cohesion@ se ha sumado en los últimos años otro “totalmente novedoso y distinto” que surgió como consecuencia de que la “receta” que tenía la Diputación de Badajoz para sus presupuestos en el año 2020 “era distinta” por la crisis sanitaria de la Covid-19, motivo por el cual diseñó el Plan Suma+. Su puesta en marcha ha sido esencial para que los ayuntamientos puedan afrontar una situación extraordinaria. Con 20 millones de aportación de fondos propios y con la corresponsabilidad, su presupuesto asciende prácticamente a los 27 millones de euros inyectados a la provincia.

Este último puede considerase como “un plan a la carta”, que cuenta con tres líneas diferenciadas y una cuarta flexible: “la reactivación de los sectores que más habían sufrido con la pandemia (8 millones de euros); otra línea de 4 millones que estaba dirigida a la creación de empleo ante la grave caída que se produjo; una tercera destinada a los servicios sociales y promoción económica, con otros 4 millones; y los últimos 4 millones a un fondo de flexibilidad en el que los ayuntamientos podrían invertir de forma libre a inversión, equipamiento o a gasto corriente”, precisa Cobos.

LOS PLANES DE CONCERTACIÓN PROVINCIAL SON “ESENCIALES” PARA LOS AYUNTAMIENTOS

La publicación de las bases de la convocatoria del Plan Cohesion@ 2022-23, en el BOP, suponen “algo esencial” para las arcas municipales de los ayuntamientos de la provincia de Badajoz, puesto que éste último y los anteriores que ha habido, no solo en esta legislatura, sino también en la anterior, e históricamente en Diputación, “forman parte intrínseca del sistema de financiación de los municipios de la provincia, son recursos muy solicitados por parte de los alcaldes y alcaldesas para acometer inversiones que con sus propios fondos no pueden realizar”.

Y es que, según Cobos, “los ayuntamientos desgraciadamente tienen unos recursos que son limitados, porque el sistema de financiación local llega a lo que llega –tenemos un sistema muy antiguo que debería ser modificado-“. Por eso, “al no llegar –los consistorios- se basan en estos planes Cohesion@ para completar sus necesidades desde las inversiones que se consideren más prioritarias a incluso contratar personal para disminuir el desempleo del municipio, o para afrontar cosas más mundanas, como pueden ser el pago de facturas de combustible o de luz, que ahora mismo como están los precios –debido al alza por la crisis de Ucrania- no pueden con sus propios fondos”.

A su entender, se trata de un plan “fundamental”, añadiendo que no tiene ninguna duda de que si hubiera que hacer una encuesta con los alcaldes o alcaldesas de la provincia pacense, “éste sería el más importante de la Diputación, por el que siempre preguntan, por el que siempre están comentando cuándo lo vamos a sacar…”. Prueba de ello es que en esta ocasión, 220 núcleos poblacionales de la provincia son los que se van a beneficiar con esta ayuda -160 municipios de menos de 20.000 habitantes, 15 entidades locales menores y 45 pedanías-. Todos ellos lo han tenido muy fácil a la hora de poder optar al mismo.

“Nosotros llevamos a cabo una publicación en el BOP y a diferencia de otros planes de subvenciones en los que puede haber un sistema de concurrencia competitiva, aquí todos los municipios, entidades locales menores y pedanías de la provincia tienen una aportación que es proporcional al número de habitantes que tienen. Aquí lo que se hace es un reparto en función del número de habitantes y se asigna 1 euro por habitante en los términos anteriormente comentados, es decir, los municipios más pequeñitos tienen el euro por habitante más alta”, precisa Cobos.

Por tanto, simplemente con la publicación en el BOP, “se abre un plazo -que en este caso son 7 días hábiles- para que cada municipio pueda solicitar las actuaciones que considere a bien, para ser subvencionadas por parte de la subvención provincial”. A partir de ahí, “cada uno de los ayuntamientos, entidades locales menores y pedanías -éstas últimas por conductos de los municipios-, solicitan la subvención que les ha destinado el Plan Cohesion@ y con unos modelos que hay normalizados los piden y no hay más. No hay un sistema de selección, ni nada, los ayuntamientos saben de partida cuál es la aportación que les corresponde”, aclara.

INCREMENTO DE UN 10% EN LA DOTACIÓN DEL PLAN COHESION@ 2022-23

El montante total del Plan Cohesion@ para 2022-23 representa un incremento de la dotación total del mismo de un 10% con respecto al del presente ejercicio, una pequeña inyección económica por la actual situación económica que atraviesa no solo la provincia y la región, sino el país y el resto del mundo a raíz de la guerra de Ucrania, la pandemia por la Covid-19 o el Brexit.

“La Diputación de Badajoz ha hecho un esfuerzo muy importante, estos 22 millones del Plan Cohesion@ 2023 llevan 12 millones de presupuesto del año 2022, como consecuencia de que la Institución provincial pacense funciona bien a nivel presupuestario; hemos tenido músculo financiero para poder habilitar esos 12 millones en el presupuesto de este año y hemos consignado otros 10 del año siguiente”, argumenta Cobos.

Tal y como ha especificado, hay un incremento de un 10%, puesto que se ha pasado de los 20 millones que había en el año 2020 a estos 22 millones en el año 2023, y la causa de que se haya adelantado y que se haya incrementado la aportación se debe a que estamos “ante una situación absolutamente extraordinaria, porque estamos en una situación de guerra, Europa está en guerra con Ucrania, y lo estamos viviendo todos a nivel particular, más o menos, y los ayuntamiento evidentemente también lo están sufriendo”.

De ahí que la Diputación haya querido ser sensible con la situación y “haya propiciado este Plan Suma + adelantando el momento en el que va a salir, e incrementando de 20 millones a 22 millones la dotación de este Plan Cohesion@ 2023”.

Para beneficiarse de este presupuesto, todas las entidades locales tienen plena libertad de decisión para satisfacer la actuación que pretendan realizar con un plazo de tiempo estipulado que se permanecerá abierto hasta dentro de dos años. “De alguna manera, si nosotros ahora lo que hiciéramos fuera recortar a los ayuntamientos el ámbito de gasto que ellos pueden utilizar para justificar, probablemente no conseguiríamos el efecto de intentar que ellos destinen los fondos a donde ellos quieran”, argumenta Cobos.

Para ello, el Plan Cohesion@ publicado recientemente en el BOP “es un plan muy ambicioso y también muy beneficioso para los ayuntamientos, porque el plazo de gasto subvencionable va desde el 1 de julio del corriente año -2022-, hasta el 30 de junio de 2024”.

Es decir, cualquier gasto que esté en esa horquilla temporal “es un gasto subvencionable, por tanto, les damos un margen amplísimo para que ellos acometan sus propuestas, medio año más de plazo; y encima, como somos conscientes de que ahora para cerrar los presupuestos van a tener problemas con facturas –solo hay que imaginar una factura de luz de noviembre o de julio- y como no tienen fondo, ni crédito para hacer frente a éstas, hemos considerado que también pueden justificarse gastos desde el pasado 1 de julio; con lo que cualquier factura desde julio de este año pueden entrar como gastos subvencionados”, sentencia.