Economía
La Unión urge comisión investigación en Asamblea sobre tramitación regadío Tierra Barros
'Tanto futuros regantes como ciudadanos extremeños a través de nuestros impuestos hemos pagado una serie de gastos que no parece vayan a servir para nada'.
Ep.
La organización agraria La Unión ha reclamado la puesta en marcha de una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura para aclarar la tramitación del proyecto de regadío de Tierra de Barros y para "depurar responsabilidades políticas" en caso de que las hubiera.
Un proyecto que desde el inicio tanto la Administración como los regantes afectados han ido "desembolsando cantidades importantes de fondos" para el mismo, pero a día de hoy "nadie tiene conocimiento de la viabilidad futura" del mismo.
"Tanto futuros regantes como ciudadanos extremeños a través de nuestros impuestos hemos pagado una serie de gastos que no parece vayan a servir para nada", ha subrayado el secretario técnico de la organización agraria, Luis Cortés.
Según el proyecto había una partida presupuestaria de 41,53 millones de euros para el ejercicio 2023, pero el importe de las expropiaciones "no se han abonado" y no se sabe "nada" de los gastos generados por el mismo hasta la fecha.
Sin embargo, Cortés ha asegurado que sí conocen que "numerosos futuros regantes ya han realizado aportaciones para la constitución y funcionamiento de la Comunidad de Regantes que por lo que parece es dinero perdido".
La Unión Extremadura ha remitido una petición a los partidos políticos con representación en la Asamblea para que se constituya una comisión de investigación para que se aclaren "todos los datos referentes" a este proyecto.
En concreto, considera "imprescindible" que los agricultores de la comarca, como el resto de ciudadanos de la región sepan qué ha ocurrido, qué futuro tiene el actual proyecto, qué se ha hecho mal, qué gastos se han realizado que "no han servido para nada", saber si efectivamente había agua disponible para riego "sin poner en riesgo el abastecimiento a poblaciones", quiénes son los responsables técnicos y políticos de este proyecto y "un sinfín de datos que durante toda la tramitación se han ocultado por parte de las administraciones afectadas".
"No se puede jugar con la ilusión y expectativas de tantos futuros regantes, no se pueden tener paralizados las nuevas concesiones de pozos en base a la puesta en marcha de un proyecto de regadío que nunca llega, no se puede utilizar los intereses de los agricultores en una guerra entre partidos políticos", añade Cortés.