Esta semana he defendido en la Comisión de Cultura de la Asamblea una Propuesta de Pronunciamiento para pedir al Gobierno de España que reforme la Ley 52/2007, conocida como la Ley de Memoria Histórica.
Viene a coincidir con la reciente aprobada norma autonómica que ha hecho posible que los socialistas sigamos cumpliendo compromisos. Lo anunciamos y lo hacemos.
Hemos pedido, entre otras cosas: la creación de una Comisión de la Verdad, que se restablezcan las partidas presupuestarias dedicadas al cumplimiento de la Ley, que se cree un Banco de ADN nacional, que se establezca un protocolo nacional de exhumaciones o que se analice la posibilidad de anular las sentencias del franquismo.
En esta ocasión, algunos se cuestionaban a quién en el siglo XXI le interesan estos temas. Pues lo vamos a decir: a los miles de familiares que tienen en sus casas documentos, como sentencias de sus padres y/o abuelos, donde se les tacha de malhechores, delincuentes y se les condena a todo tipo de penas, incluida la de muerte.
A los miles de familiares que todavía buscan los restos de sus seres queridos y que continúan en cunetas o minas. No hace mucho nos hicimos eco de los trabajos de exhumación en la mina Terría en Valencia de Alcántara. Glosamos la figura de Conchita Viera ( la hija del alcalde asesinado) y la pusimos como símbolo de las muchas Conchitas Vieras que tenemos en Extremadura. Hace unos días tuve la ocasión de visitar la mina La Paloma en Zarza la Mayor. El espectáculo que comprobé indica la dimensión de la catástrofe humanitaria que se pudo vivir allí. Seguramente, cuando culminen los trabajos de investigación y se realicen prospecciones, podamos dar tranquilidad humanitaria a decenas de personas de Zarza la Mayor y de su comarca. ¿ A quién le daña esto? ¿ A quién le molesta?
Por último, ¡qué contraste entre un Gobierno, el socialista, cumplidor de la Ley y otro, el popular, que la vulnera al ignorarla! En el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 vienen contemplados 15 millones de euros destinados a la Memoria Histórica que Rajoy redujo a 0.
Así pues, esperemos que la derecha deje de desbloquear el intento de reformar la Ley de Zapatero para que sean los españoles, a través de sus representantes en las instituciones, los que se pronuncien sobre su idoneidad.
