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La Administración Regional podrá agilizar gestión de fondos europeos de recuperación

Avanzar en la recuperación de la economía tras los efectos de la crisis sanitaria y transformar el tejido productivo hacia modelo más robusto y sostenible

03 marzo 2021

La Junta de Extremadura pone en marcha un conjunto de medidas con el objetivo de que la Comunidad Autónoma esté preparada para gestionar y agilizar los fondos europeos para la recuperación de la forma más eficiente posible.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, explicando el contenido del decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado hoy.

Además de dar cumplimiento a la normativa europea y complementar la gobernanza nacional, Blanco-Morales ha señalado que este decreto-ley pretende abordar de forma ordenada la planificación, diseño y ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, proporcionar las herramientas necesarias para la ejecución del Plan y la mejor gestión de los fondos europeos, evitar doble financiación y mejorar la eficacia de la ejecución a través de la coordinación y la complementariedad de los recursos europeos.

De cara a alcanzar estos objetivos, la norma aborda varios ámbitos de gestión de la Administración como son las estructuras de gobernanza e instrumentos de gestión pública, la transformación digital de la Administración, la flexibilización en materia contable, la agilización en la tramitación de subvenciones y contratación y tramitación de evaluación ambiental de proyectos estratégicos, lo que implica modificar distintas leyes autonómicas.

La gestión administrativa del Plan dependerá de la Dirección General de Fondos Europeos, y se establece que, al menos una vez al semestre, se informe a la Asamblea de Extremadura sobre la situación de la programación y ejecución de los distintos fondos europeos.

En materia de gestión pública y recursos humanos, el decreto-ley posibilita la constitución de unidades administrativas provisionales.

También, se arbitran medidas de carácter organizativo en el ámbito digital, así como de flexibilización en materia contable. Además, se adapta la normativa autonómica para agilizar, simplificar y flexibilizar la tramitación de los expedientes de fondos europeos

En cuanto a la tramitación de los procedimientos, el decreto ley aprobado contempla, según ha explicado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, la tramitación de urgencia de los procedimientos, y la agilización en la tramitación de subvenciones.

Concretamente, se habilita, en determinados caso, la concesión directa de ayudas por convocatoria abierta y la tramitación anticipada de subvenciones sin crédito disponible, siempre que se acredite que se ha solicitado la modificación presupuestaria necesaria para tal fin.

En relación a la justificación de las subvenciones, se valida su acreditación mediante declaración responsable y se eleva el umbral económico de la cuenta justificativa de 3.000 a 10.000 euros.

Para primar la agilidad y transparencia en la tramitación, se exonera a los expedientes de fondos europeos del cumplimiento de algunos preceptos del articulado de la Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable.

También en cuanto a tramitación, esta nueva normativa aprobada por el Consejo de Gobierno posibilita la tramitación de urgencia para la licitación de contratos y acuerdos marco.

La vicepresidenta primera ha mencionado otros aspectos del decreto-ley que agilizan la tramitación administrativa de estos fondos de recuperación como es el establecimiento de especificidades procedimentales, la ampliación excepcional del plazo de vigencia de contratos de suministro y servicios energéticos que pasa a ser de 10 años, la eliminación del requerimiento de formalización para las ampliaciones de contratos basados en acuerdo marco.

Además, Pilar Blanco-Morales ha hablado en su comparecencia de otras medidas para agilizar y dotar de eficacia a esta gestión de los fondos europeos.

Se ha referido a que, en el contexto de la transición ecológica como pilar de la Estrategia Extremeña de Recuperación y Resiliencia, se ha decidido, con el objetivo de facilitar la tramitación de proyectos estratégicos cuyas inversiones estén relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente, eximir de la obligación de presentar evaluación de impacto ambiental para las obras de modernización o mejora de instalaciones ya existentes.

Igualmente, en materia de conciertos sociales y sociosanitarios, se prevé su renovación por el plazo máximo de un año para garantizar la continuidad de la atención de los beneficiarios, y hasta que se consolide el marco regulatorio definitivo.

A las empresas beneficiarias de las  ayudas recogidas en los decretos 15/2020 y 1/2021 y, dada la situación provocada por la crisis sanitaria, se las exime de la obligación de estar al corriente con la Hacienda pública  y  se abre un nuevo plazo de solicitudes para dichos programas.

Todas estas cuestiones implican cambios en leyes autonómicas como son la de Garantía de la Autonomía Municipal, la de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, la de Protección Ambiental, la de Contratación Pública Socialmente Responsable de Extremadura y el decreto de Regulación de Desfibriladores Externos Automatizados.

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