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La Junta negociará el incremento salarial del 2% hasta encontrar "una solución razonable"

A los objetivos de estabilidad. CSIF, CCOO y UGT se dan hasta el miércoles para que el Ejecutivo regional rectifique y cumpla lo acordado en 2018.

28 febrero 2020 | Publicado : 11:02 (28/02/2020) | Actualizado: 13:20 (28/02/2020)

Rd./Ep.

La Junta de Extremadura ha mostrado su disposición para negociar "un acuerdo razonable" que permita acometer la subida salarial del 2% "para todos" los empleados públicos de la Administración, cuya aplicación está sometida a las condiciones de estabilidad recogidas en el acuerdo firmado en Madrid por el Gobierno de la nación y los representantes sindicales.

Así se lo ha trasladado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, a los representantes sindicales en la Mesa General de Negociación de la Administración, celebrada este viernes, una vez que ya se han aprobado tanto los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020 como el Real Decreto Ley para el incremento retributivo.

De este modo, en el marco de la negociación, Blanco-Morales ha explicado que "es necesario abordar un ajuste" en otras medidas para que la subida salarial beneficie a la totalidad de los empleados públicos extremeños.

Según sus palabras, esta subida se aplicaría con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020, tal y como informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Además, la titular extremeña de Administración Pública ha explicado que las cuentas regionales crecen un 3,6%, mientras que el Capítulo I, destinado a gastos de personal, sube muy por encima de esa cifra, en torno al 7%.

De esta forma, tal y como ha explicado, con el crecimiento del presupuesto "no es asumible" la subida de este capítulo en los términos anteriormente establecidos.

En este sentido, Blanco Morales ha subrayado que hay que tener en cuenta que el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo, firmado en marzo de 2018 por el Estado y los representantes sociales, "condiciona la aplicación de la subida salarial al cumplimiento de los objetivos de estabilidad".

A su vez, la consejera ha recordado que la Comunidad extremeña, según las actuales previsiones, cerrará el ejercicio de 2019 con un déficit de en torno al 1% del PIB, por encima del límite establecido.

Por tanto, la vicepresidenta primera ha emplazado a los representantes sociales a una nueva reunión de la Mesa General de Negociación la próxima semana, de forma que ambas partes continúen la negociación de estas medidas, "en una clara voluntad del Ejecutivo regional de alcanzar un acuerdo para aplicar el incremento salarial".

Entre otras medidas, se abordarán y concretarán las diferentes medidas que tienen los empleados públicos, así como su análisis respecto a otras comunidades autónomas, "para alcanzar un acuerdo razonable, asumible y con un calendario acorde a la situación económica", ha sentenciado.

Por ello, sobre las críticas de los sindicatos a que no se cumpla lo pactado con ellos a pesar de que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para este año ha crecido un 3,6 por ciento, ha hecho hincapié en que en caso de que no se realicen ajustes, el montante del Capítulo I, que se destina al personal de la Junta, se vería incrementado un 7,6 por ciento, una cuantía que "no es asumible".

En todo caso, la consejera ha ofrecido a los sindicatos que continúe la negociación, y en este sentido se ha mostrado confiada en que antes del próximo miércoles se puedan acercar posturas.

AMENAZAN CON SALIR A LA CALLE

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha mostrado la "gran preocupación" por la situación económica trasladada por la vicepresidenta a los sindicatos, en el sentido de que la desviación del déficit en 2019 "no va a permitir que los empleados públicos tengan aquello a lo que se comprometió la Junta en 2018".

Así, ha señalado que del panorama descrito por Blanco-Morales se desprende que si se aplica la subida salarial del 2 por ciento, se pone "en cuestión" otros acuerdos pendientes, como el desarrollo de la carrera profesional, la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales o paralizar la reducción de las horas lectiva de los docentes.

"No puede ser que por una mala gestión de quienes están gobernando, los empleados públicos vuelvan a ser los paganinis de esta situación", ha remarcado Román, quien exige el cumplimiento de los acuerdos.

En este sentido, ha apuntado que si antes del próximo miércoles no hay una rectificación, "CSIF saldrá a la calle". Una movilización que no descartan el resto de sindicatos.

El portavoz del Área Pública de CCOO-Extremadura, Francisco Jiménez, ha calificado como un "jarro de agua fría" la reunión de este viernes, en tanto que los acuerdos suscritos con la Junta en 2018 que recogían la recuperación de derechos de los empleados públicos, están "condicionados" por la subida salarial del 2%.

De este modo, CCOO tiene "dudas" de que esta subida salarial pueda aplicarse dadas las "serias dificultades" planteadas para ello por parte de la Administración regional. "Nos han planteado una situación muy difícil que los empleados públicos no van a entender", ha subrayado.

Además, según ha continuado, "Vara nos llamó para firmar un acuerdo en 2018", añadiendo que ahora "no se va a cumplir" y además la subida salarial "está pendiendo de un hilo según la información que da la Junta".

Así, para CCOO la subida salarial del 2 por ciento es "irrenunciable" y el acuerdo de 2018 "también se tiene que cumplir".

Por su parte, José Ignacio Luis Cansado, secretario de Acción Sindical de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Extremadura ha mostrado su "sorpresa" por encontrarse en lo que creía que sería una "reunión rutinaria" con el incumplimiento de los incrementos retributivos acordados.

En este sentido, ha reconocido que la Junta está dispuesta a aplicar la subida del 2% aprobada por el Gobierno pero "vinculándolo a la paralización o recortes de otras medidas como la carrera profesional o la jornada lectiva de 18 horas", encuadradas en los acuerdos entre la el Gobierno regional y los sindicatos en 2018.

Por tanto, ha emplazado su decisión a la reunión de la próxima semana, en la que ha advertido que si no hay acuerdo se "valorará la posibilidad de convocar movilizaciones", y en este caso, y en la medida de lo posible, apuesta por que se haga de forma conjunta con el resto de sindicatos que defienda esta posición.

DENUNCIA DE USAE

Por su parte, el portavoz de USAE (SGTEx, SAE y PIDE), Alfredo Aranda, ha anunciado que denunciará a la vicepresidenta por "prevaricación" por no permitir su participación en este órgano de negociación, que según ha apuntado se ha constituido con los resultados de las elecciones sindicales de 2014 y no con los de 2018, cuando esta organización obtuvo el 22 por ciento de los votos emitidos.

Una presencia que está asimismo "avalada", según ha señalado Aranda, por dos informes de la propia Junta de Extremadura de los cuáles la vicepresidenta es conocedora, por lo que al no permitirles la participación en la Mesa está incurriendo en una "presunta prevaricación".

Al respecto, la propia Blanco-Morales ha señalado que esta cuestión se encuentra ya en los tribunales y que en tanto se resuelve "lo que hubiera sido contrario a derecho en estos momentos hubiera sido darles cabida en una representación que está cuestionada".

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