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Aprobada propuesta Unidas por Extremadura para recuperar aprovechamientos hidroeléctricos

Con el apoyo del PSOE, como política de Estado para poder ser gestionada desde el sector público y la reversión para su explotación.

24 septiembre 2020

Ep.

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de pronunciamiento mediante la cual Unidas por Extremadura insta al Gobierno de España a modificar el articulado del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con el fin de que se establezca la recuperación de todos los aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado para poder ser gestionada desde el sector público y la reversión para su explotación.

La iniciativa ha recibido el apoyo de Unidas por Extremadura y del PSOE, y el voto en contra del PP y de Ciudadanos. Así, la presidenta de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha abogado por un "giro en el modelo productivo", y ha defendido una mejor gestión de los recursos hidroeléctricos en zonas como la región extremeña, que "al final ha sido una tierra en manos de las grandes empresas eléctricas y agroalimentarias que han recibido pingües beneficios económicos" sin dejar "beneficios" reales en la comunidad.

Por su parte, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha mostrado el apoyo de su grupo a la propuesta de Unidas por Extremadura por estar de acuerdo "en el fondo" de la misma en cuanto a los aprovechamientos hidroeléctricos.

"Estamos de acuerdo en que según venzan las concesiones administrativas éstos pasen al Estado", ha indicado, al tiempo que ha defendido que las zonas de la región donde se ubican cuenten con "compensaciones".

De su lado, el diputado del PP Bibiano Serrano ha rechazado la iniciativa de Unidas por Extremadura por considerar que "no tiene encaje en ningún sitio", al requerir para el cumplimiento de la misma --ha dicho-- la modificación de la Constitución, y ha advertido de que "llegaría a los tribunales" si se aplicara lo que plantea la propuesta.

"Es una propuesta ideológica, un disparate bolivariano", ha espetado.

A su vez, el diputado de Ciudadanos Joaquín Prieto ha rechazado la iniciativa de Unidas Extremadura por "su restrictiva limitación hacia la libertada de empresa, a las restricciones de un mercado libre de competencia, y una posible distorsión por el intervencionismo del estado".

INICIATIVA

En su iniciativa, Unidas por Extremadura también reclama la agilización de los expedientes de reversión de saltos hidroeléctricos y su tramitación "sin retrasos y sin caducidades"; así como la tramitación del expediente a la administración hidráulica competente; y la iniciación, de oficio, de los expedientes por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

Unidas por Extremadura, igualmente, solicita que el expediente de extinción sea informado por la Comunidad Autónoma y el municipio o municipios en cuyo ámbito territorial radiquen la central hidroeléctrica y las demás infraestructuras que formen parte de ese sistema de explotación hidroeléctrica.

Aboga también en su propuesta por que la administración hidráulica, cuando considere posible y conveniente la continuidad del aprovechamiento hidroeléctrico y compatible con el plan hidrológico, acuerde la reversión de las instalaciones del salto hidroeléctrico para su explotación.

Asimismo, Unidas por Extremadura plantea que tras la reversión de los saltos hidroeléctricos, y sin perjuicio de que la gestión técnica se siga desarrollando por empresas del sector, sus beneficios pasen a ser de titularidad pública con criterios de "vertebración territorial".

Al respecto, defiende que los beneficios de los saltos hidroeléctricos se destinen a la restitución económica y social de los territorios afectados por las instalaciones hidroeléctricas y a otros fines de utilidad pública o interés social de carácter general o para inversión pública directa en construcción de nueva generación renovable, previo proceso de consulta pública en el municipio o municipios afectados, para contar con la participación de la ciudadanía a la hora de establecer o elegir los proyectos que se realizarían gracias al beneficio obtenido de la reversión de la concesión y, por tanto, de la generación hidroeléctrica pública.

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