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Comité Regiones apoya reforzar servicios públicos y mejorar movilidad transfronteriza

Marcos actuales "imponen a menudo cargas administrativas y costes abrumadores, que hacen que muchos entes locales y regionales abandonen sus planes".

03 febrero 2021

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El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha abogado este miércoles por reforzar los servicios públicos transfronterizos como "clave" para mejorar la vida cotidiana en estas zonas fronterizas y ha reclamado un marco jurídico "más sólido" dentro de la UE para permitir su establecimiento y gestión eficientes.

En un dictamen elaborado por Pavel Branda, teniente de alcalde de Radlo, en la República Checa, se destaca las ventajas de la prestación de servicios públicos a través de las fronteras y se insta a reforzar el marco jurídico, las estructuras permanentes, como los puntos de contacto transfronterizos, y el apoyo financiero a través de la iniciativa REACT-UE (Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa), uno de los programas de mayor envergadura del nuevo instrumento Next Generation EU, con un importe de 47.500 millones de euros.

En el marco del dictamen presentado en el Pleno, se ha reclamado a los Estados miembros que asignen parte de sus recursos dentro de la iniciativa REACT-UE a programas de cooperación transfronteriza, permitiendo así la reanudación y el fortalecimiento eficaces de la cooperación transfronteriza tras la crisis de la Covid-19.

Sugiere, además, que se establezcan puntos de contacto transfronterizos nacionales estables y permanentes, cuando sea necesario, que puedan trabajar en la eliminación sistemática de los obstáculos fronterizos, y señala que debe mantenerse un nivel mínimo de cooperación transfronteriza sin importar las circunstancias, incluso en tiempos de crisis.

Desde el Comité de las Regiones, se ha recordado que casi un tercio de los ciudadanos de la UE viven o trabajan en regiones fronterizas, donde el acceso a los servicios públicos, como el transporte, la educación o la asistencia sanitaria, suele ser limitado en comparación con las regiones centrales o capitales, especialmente en zonas poco pobladas y con poblaciones envejecidas.

"La prestación de servicios públicos a través de las fronteras no sólo aumentaría la calidad de vida de los ciudadanos de cada lado, sino que también haría que los servicios públicos fueran más rentables", ha defendido.

"El acceso a los servicios públicos transfronterizos contribuye a reducir los efectos negativos de las fronteras y puede aumentar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las regiones fronterizas. Nos gustaría ver más medidas concretas que mejoren las condiciones para la prestación efectiva de servicios públicos transfronterizos en Europa, como un marco jurídico, estructuras y financiación", ha señalado el ponente del dictamen sobre 'Servicios públicos transfronterizos en Europa'.

La eurodiputada Anne Sander ha expresado su firme apoyo a esta demanda y ha subrayado que la crisis de la pandemia de la Covid-19 ha demostrado "la necesidad de reforzar los servicios públicos transfronterizos existentes y de crear otros nuevos en las regiones transfronterizas que más los necesitan".

"Son verdaderos pilares de esta cooperación entre los Estados miembros y mejoran considerablemente la vida de los ciudadanos europeos. Casi un tercio de los ciudadanos europeos viven y trabajan en regiones transfronterizas, y se enfrentan a retos diarios para acceder a la asistencia sanitaria, cruzar las fronteras, utilizar el transporte, formarse, trabajar e incluso viajar. Es un reto económico, social, político y humano", ha argumentado

Para aumentar el acceso a los servicios públicos en las regiones fronterizas, el Comité Europeo de las Regiones ha reiterado su "firme apoyo" a propuestas legislativas como el Mecanismo Transfronterizo Europeo (MTC), actualmente bloqueado en el Consejo de la Unión Europea.

El ponente también ha subrayado en su dictamen las ventajas y el potencial de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), que podría ser especialmente útil en los casos en los que los poderes públicos son los principales proveedores y en los que se necesita un presupuesto y personal comunes.

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