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COAG rechaza convergencia de derechos de pago básico establecida en el RD sobre la PAC

Es partidaria de esperar a poner en marcha esta convergencia al 2023, coincidiendo con aplicación de la Reforma PAC a través del Plan Estratégico Nacional

27 enero 2021

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COAG Extremadura ha reiterado su posición contraria a la aplicación de una convergencia obligatoria de los derechos de pago básico en las campañas 2021 y 2022 establecida en el Real Decreto para la aplicación de la PAC en España.

De esta forma, esta organización es partidaria de esperar a poner en marcha esta convergencia al año 2023, coincidiendo con la aplicación de la Reforma de la PAC a través del Plan Estratégico Nacional.

COAG ha reiterado en nota de prensa que siempre ha apostado por una convergencia progresiva en el marco del nuevo Plan Estratégico Nacional de la reforma PAC en España, manteniendo los derechos individuales de una "forma equilibrada" dentro de cada región agronómica y a lo largo de todo el período PAC (hasta 2027).

Tal como establece el Reglamento de Planes Estratégicos (provisional), esta convergencia debe situarse al menos en el 75 por ciento del valor medio de los derechos de cada región y el objetivo debe ser evitar "desajustes y distorsiones" entre agricultores, sectores y regiones.

"COAG ha trasladado este posicionamiento al Ministerio de Agricultura de forma reiterada, a través de las observaciones al Proyecto de Real Decreto enviadas el pasado mes de septiembre, durante las dos últimas reuniones del Comité Asesor Agrario y en las propuestas de Plan Estratégico de la PAC. Lamentablemente no han sido tenidas en cuenta", ha apuntado.

A este respecto, la organización agraria ha indicado que, además de desechar estas observaciones, el Ministerio de Agricultura ha "privado al sector de la información que permita medir el impacto de estas decisiones en las explotaciones agrarias".

"Una cosa es señalar las diferencias existentes entre la cuantía unitaria de los derechos dentro de una región y, otra, considerar el impacto que estas decisiones tienen sobre la renta de explotaciones profesionales con pequeña base territorial. Pérdida de renta que es muy significativa en ciertas explotaciones ganaderas y de regadío. En ningún caso, el citado Real Decreto responde a criterios redistributivos de carácter social. Ajusta el valor de los derechos pero no el montante de ayudas", ha aseverado.

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