11 noviembre 2020 | Publicado : 12:11 (11/11/2020) | Actualizado: 16:26 (11/11/2020)
El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la convocatoria de las ayudas a proyectos de inversión presentados al amparo del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.
En concreto, el presupuesto destinado a esta convocatoria, financiado al 100 por cien por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), asciende a 5 millones de euros.
En esta ocasión, en la gestión de esta medida, y dentro del marco de sus competencias, participan tanto la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como las comunidades autónomas, en este caso a través de la Junta de Extremadura.
Así pues, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades a las que se refiere el artículo 61 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, sobre las que recaiga la carga financiera de las inversiones tangibles o intangibles en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así como estructuras e instrumentos de comercialización, incluyendo las relacionadas con el ahorro de energía, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles.
Entre los costes subvencionables se encuentran la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles; la compra de nueva maquinaria y equipos hasta el valor de mercado del producto; costes como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, así como estudios de viabilidad.
Asimismo, se contempla también la adquisición o el desarrollo de soportes lógicos de ordenador y la adquisición de patentes, licencias, derechos de autor y el registro de marcas colectivas.
Esta actuación persigue fomentar la agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria mediante la integración de las entidades asociativas y el asociacionismo agrario, así como promover los procesos sostenibles desde el punto de vista medioambiental a través del ahorro de energía, la eficiencia energética global, la utilización de energías renovables y la valorización y tratamiento de los residuos.
Además de impulsar la certificación medioambiental de las instalaciones de las empresas vitivinícolas y la producción ecológica, según ha informado la Junta en una nota de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno.
Del mismo modo, también se persigue incentivar los productos acogidos a regímenes de calidad y los pagos de uva por calidad, favorecer el incremento de la dimensión empresarial, fomentar la participación de los viticultores y elaboradores en la cadena de valor, además de promover las inversiones en comercialización, innovación e implantación de nuevos productos y presentaciones.
