21 septiembre 2020
Ep.
El Juzgado Contencioso/Administrativo Nº 1 de Mérida ha dictado un auto judicial que desestima las medidas cautelares solicitadas por Tecnología Extremeña del Litio (TEL), de la que forma parte Infinity Lithium, en relación a la restauración de los caminos abiertos en el paraje de Valdeflores en Cáceres, donde se quiere construir una mina de litio, y el pago de la multa que le impuso la anterior Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.
El auto, con fecha de 19 de junio de 2020, ha sido dado a conocer este lunes por la Plataforma Salvemos la Montaña, personada en la causa contra la mercantil.
El juez considera que ha de primar el interés público y la defensa del medioambiente sobre los intereses de la empresa, y le obliga a ejecutar la Resolución firme dictada por la administración regional antes de entrar a conocer sobre el fondo del asunto y dictar la sentencia pertinente.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cáceres a través de su portavoz, Andrés Licerán, comunicó el pasado viernes que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de la capital cacereña ha admitido a trámite otro recurso interpuesto por la empresa contra el expediente sancionador municipal iniciado a principios de 2018.
El Consistorio paralizó entonces los trabajos al entender que TEL se había extralimitado sobre las licencias concedidas, por lo que también le interpuso una multa de 28.000 euros además de la reparación y restauración de los daños ocasionados en el valle de Valdeflores, en la Sierra de la Mosca.
Según Salvemos la Montaña estos dos recursos son la "prueba evidente de cómo actúa Infinity Lithium, y de cómo incumple sus responsabilidades". "Si se niega a restaurar y a pagar las sanciones impuestas por ambas administraciones cuando suponen cantidades ínfimas de dinero, ¿cómo vamos a creer que va a cumplir con todo lo que promete?", se pregunta la plataforma ciudadana.
En esta línea, plantea sus dudas de si se llevará a cabo la restauración integral de la zona cuando acabe la explotación, "que supondrá miles o millones de euros, si desde el inicio de la investigación se niegan a reparar unos simples caminos abiertos de manera ilegal y recurren a los tribunales para no acatar las sanciones administrativas", se cuestiona la plataforma en nota de prensa.
Por otro lado, y después de la intervención en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Salvemos la Montaña está a la espera de recibir a la comisión de investigación solicitada para investigar el acuerdo de financiación del proyecto y para comprobar sobre el terreno la afección a la ciudad, el estado de los permisos, las licencias y los expedientes.
Miembros de la plataforma acompañarán a los eurodiputados a la zona en una fecha que no está cerrada todavía y "facilitarán todos los datos y documentos técnicos disponibles y elaborados durante estos tres últimos años", concluye la nota.
